Una de las tareas fundamentales del Instituto Nacional Electoral (INE) es llevar a cabo la fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos políticos y de las personas que ostentan las candidaturas. Esta actividad tiene como objetivo asegurar que las campañas y los procesos electorales en general se desarrollen en condiciones de legalidad y equidad de la contienda, así como que los partidos y candidaturas no reciban recursos provenientes de las fuentes ilícitas.

La tarea de fiscalización es altamente compleja, especialmente a partir de la reforma electoral de 2014. El esquema vigente, establecido con aquella reforma, obliga a los partidos y a las candidaturas a reportar sus gastos y sus ingresos en tiempo real, a lo largo de las campañas electorales, y también establece que el INE debe llevar a cabo las tareas de verificación de la información en paralelo al desarrollo de las campañas. Este esquema de fiscalización “en vivo y en línea” fue establecido a partir de las experiencias negativas, altamente criticadas, ocurridas en las elecciones de 2012 y 2015, cuando las diferentes fuerzas políticas han estado acusándose mutuamente de los rebases de topes de gastos de campaña y de la recepción de financiamiento ilícito; en aquellos procesos las violaciones a la normatividad no pudieron trascender hacia la validez de los comicios, porque los resultados de la fiscalización se conocían a un año de la jornada electoral.

El esquema vigente obliga a los partidos y las candidaturas a reportar sus ingresos y gastos en un sistema en línea y establece corresponsabilidad entre los partidos y las candidaturas por proporcionar la información verídica y detallada. La legislación también establece diversas sanciones por incumplimiento o irregularidades en el proceso de reporte de los gastos e ingresos, que van desde amonestación pública, por sanciones monetarias, hasta la inelegibilidad de las candidaturas y nulidad de los resultados electorales.

El 22 de julio de 2021, a 49 días de la jornada electoral, el Consejo General del INE aprobó el Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña presentados por los partidos políticos y coaliciones, de las candidaturas a diputaciones federales, correspondientes al Proceso Electoral Federal Ordinario 2020-2021. Los siguientes números dan cuenta de la dimensión de la tarea realizada por el INE: durante el proceso de fiscalización se revisó la información proporcionada por más de dos mil sujetos obligados —candidaturas, partidos políticos y coaliciones—, se analizaron casi 31 mil elementos de propaganda colocada en la vía pública, casi 10 mil elementos de propaganda en Internet y 1,349 en medios impresos y se llevaron a cabo 539 visitas de verificación. Asimismo, se revisaron 4,468 informes presentados a través del sistema de fiscalización y se analizó la actividad en 2,420 cuentas bancarias, para verificar el origen de los recursos que ascienden a 1,290 millones y el destino de los gastos que alcanzaron 1,276 millones de pesos.

¿Qué es lo que encontró el INE durante este proceso de fiscalización? El análisis de los hallazgos del Instituto da cuenta de diferentes dinámicas presentes en el manejo de los recursos de campaña y los incumplimientos en los que incurren los partidos políticos y sus candidaturas. En el proceso federal de 2021, el monto total de los recursos relacionados con algún tipo de irregularidad asciende a 2,865 millones de pesos, mientras que la suma de las sanciones monetarias impuestas por el Consejo General del INE equivale a 210 millones de pesos para las elecciones federales.

La irregularidad más común (a esta correspondieron el 30% de las conductas detectadas) fue la omisión de reportar gastos de campaña, seguida de los registros extemporáneos (13%), los egresos no documentados (9%) y los eventos de campaña no registrados o registrados erróneamente (8%). Los tres partidos políticos que recibieron las mayores sanciones fueron Morena (más de 66 millones, el 31.71% del total de las multas impuestas), Fuerza por México (más de 32 millones o el 15.34%) y Redes Sociales Progresistas (casi 30 millones, el 14.22%).

Es alarmante que 21 candidaturas a las diputaciones federales no presentaron ningún registro de operaciones de campaña, incumpliendo con la obligación establecida por la ley. La mitad de estas candidaturas fueron de Morena, el 35% de Movimiento Ciudadano, mientras que el porcentaje restante abarca a las personas postuladas por Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas y Partido de la Revolución Democrática.

Es importante reconocer que las irregularidades identificadas y las sanciones impuestas por el INE, con toda probabilidad, serán revisadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que podrá modificar las decisiones del Instituto, al ponderar de distinta manera la propia existencia o la gravedad de las faltas. En este sentido, el proceso de fiscalización aún no concluye del todo y podrá extenderse por semanas o meses, y sus resultados finales podrán ser diferentes.

¿Qué evidencia, entonces, el ejercicio de fiscalización de estas elecciones federales? En primer lugar, que los partidos políticos —todos los partidos políticos— en algún grado, menor o mayor, incumplen con las obligaciones de fiscalización establecidos por la ley que ellos mismos idearon, diseñaron y aprobaron. Estas faltas, por supuesto, dificultan la labor de la autoridad electoral, al pretender ocultar las irregularidades cometidas. Las omisiones de presentar los informes, su presentación extemporánea, el ocultamiento de los ingresos y gastos y demás faltas en las que incurren los partidos políticos demuestran claramente su poco compromiso con la legalidad y transparencia.

En segundo lugar, el sistema de fiscalización es más efectivo en detectar las irregularidades en relación a los gastos que a los ingresos. La mayoría de las faltas detectadas —a nivel federal y también local— se centra en egresos y movimientos no reportados, no comprobados o reportados extemporáneamente (entre todos, estos corresponden a la mitad de las faltas identificadas). En contraste, los ingresos no comprobados o no reportados son tan solo el 8% de las faltas detectadas. Si bien los gastos irregulares, especialmente cuando implican rebases de los topes de campaña, pueden apuntar a la recepción de los ingresos no permitidos por la ley, el diseño actual de la fiscalización —en particular las facultades del INE y los tiempos impuestos por la ley— impiden una mayor efectividad en cuanto a la detección de las aportaciones ilegales. Esta es una de las debilidades del diseño del sistema de fiscalización vigente.

En tercer lugar, persisten las irregularidades financieras en las que incurren los partidos y la omisión de la presentación de los informes incrementó en este proceso electoral, pues en 2018 el total de las candidaturas a diputaciones federales presentaron sus informes. Este hecho, de que los partidos políticos incumplen con las obligaciones de fiscalización, en todos los procesos electorales y en todos los niveles (en las campañas federales, estatales y municipales), podría significar que el esquema actual no resulta suficiente para alcanzar uno de sus objetivos fundamentales: disuadir a los institutos políticos de cometer faltas relativas a la recepción o ejercicio de los recursos. Parece ser que en la materia de financiamiento —al igual que en el ámbito de la propaganda electoral— las sanciones resultan ser una molestia menor frente a los beneficios que implica la violación de las normas. Este es uno de los problemas que amerita una reflexión más profunda y una ponderación de las complejidades y costos del esquema actual frente a su impacto en la regulación del comportamiento de los partidos políticos y sus candidaturas.