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Roberto Lara Chagoyán
Tema(s):
INE, Consulta popular

El INE está listo para la consulta

La consulta popular que López Obrador imaginó para enjuiciar a los expresidentes de México, aunque matizada, será una realidad el próximo domingo 1º de agosto. El pasado 6 de abril, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los acuerdos INE/CG350/2021 e INE/CG351/2021, mediante los cuales se definió la organización, se presentó el plan integral y el calendario de la Consulta Popular 2021. Aunque con estrechez de recursos económicos, derivada de la negativa de la Cámara de Diputados y de la Secretaría de Hacienda, el INE se declara listo para emprender esta titánica y, a la vez, infructuosa empresa. Estamos seguros de que por el INE no quedará: reutilizará el material sobrante de la elección del pasado domingo y echará a andar de nueva cuenta su enorme maquinaria humana para hacer bien, como siempre, su trabajo.

Nunca está demás reconocer la gran misión que esta noble institución ciudadana ha desarrollado a lo largo de su historia. Su gran organización, su servicio civil de carrera, su inobjetable capacidad operativa y su compromiso real con la democracia constituyen un capital institucional de incalculable valor del que todos los mexicanos debemos estar orgullosos. 

Una idea brillante

Enjuiciar a los expresidentes de un país por sus actos de corrupción es una idea brillante por su alta rentabilidad política, especialmente para los demagogos. En países históricamente asfixiados por la corrupción, la idea germina mucho mejor porque supone que los agraviados tendrán justicia o, al menos, una revancha simbólica. En la campaña de 2018, no solo el actual presidente la pensó, sino también el entonces candidato del PAN, Ricardo Anaya. Lo cierto es que el primero tenía muchas otras buenas ideas, mientras que el segundo no. 

La idea cumplió su función durante la campaña, pero no se agotó. Por eso, una vez alcanzado el triunfo en las elecciones de 2018, López Obrador prefirió no gastarla en ese momento y, al hacerlo, acaso sacó un poco más de provecho: “No es mi fuerte la venganza”, sostuvo. No obstante, siguió coqueteando con ella y la mostró esporádicamente a conveniencia. A dos años, y sin muchos resultados, en medio de una pandemia pésimamente manejada y de varios otros signos de fracaso y decepción, el 15 de septiembre de 2020, el presidente consideró que sería una buena idea volver a usar su pequeño tesoro, por lo que solicitó al Senado de la República que pusiera en marcha el mecanismo legal de la consulta popular. La pregunta que el presidente sometió a trámite fue la siguiente:

¿Está de acuerdo o no con que a las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?

La alquimia de la Suprema Corte

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para continuar con el procedimiento, debía determinar si la propuesta de consulta resultaba o no constitucional. En la sesión celebrada el 1º de octubre de 2020, se presentó el proyecto de resolución a cargo del ministro Luis María Aguilar Morales, el cual proponía calificar como inconstitucionalidad la propuesta. Para el ponente, la propuesta de consulta popular constituía un “concierto de inconstitucionalidades” por las siguientes razones: a) era contraria al contenido del artículo 35 constitucional, porque se refiere a una restricción de derechos humanos y garantías; b) pone en riesgo los derechos de las víctimas y ofendidos de los delitos; c) vulnera la presunción de inocencia; d) afecta negativamente las funciones constitucionales de procuración e impartición de justicia, así como del debido proceso legal; y e) rompe con el principio de igualdad.

Sin embargo, la propuesta de Aguilar no cuajó. Los ministros Esquivel, Pérez Dayán, Zaldívar, Ríos Farjat, Gutiérrez Ortiz Mena y González Alcántara votaron por su constitucionalidad. Para este bloque de ministros la premisa de la que habría que partir es que, ante la consulta, el papel de la Corte debía ser político y no jurisdiccional. Luego, cada uno, como pudo, intentó hilvanar un argumento. Yasmín Esquivel y Alberto Pérez Dayán sostuvieron que la materia no tenía que ver con el proceso penal, sino con responsabilidades administrativas de los servidores públicos y el combate a la corrupción; Zaldívar defendió que el objeto de la consulta es que la población se pronuncie “sobre el diseño y el rumbo de la política criminal del Estado”, eso sí, “sin ser vinculante”; Ríos Farjat consideró que era indispensable “abstraer la materia de la pregunta” (y lo que eso quiera decir); Gutiérrez Ortiz Mena señaló que la consulta quedaba dentro de las facultades discrecionales del poder ejecutivo; y González Alcántara estimó que la constitucionalidad de la consulta radicaba en sus fines: “emprender un proceso de esclarecimiento en torno a las decisiones políticas voluntarias tomadas por los actores políticos relevantes en los años pasados”.

Por su parte, los ministros Aguilar Morales, Laynez, Piña, Pardo y Franco apostaron por la inconstitucionalidad de la petición. Sostuvieron que los jueces constitucionales no están para ser populares, y que su papel se constriñe a velar por la constitucionalidad de la materia de la consulta, es decir, determinar si esta se adecuaba o no a lo prescrito por la Constitución. Por ello, no consideraron jurídicamente correcto cambiar la propuesta del ejecutivo con el fin de “maximizar el derecho de los ciudadanos”. Para ellos, la justicia no debe estar sujeta a consulta, ya que, entre otras consecuencias negativas, traería como resultado la vulneración del derecho de las víctimas y del principio de igualdad.

Por desgracia, la decisión final no fue producto de un auténtico debate jurídico a la altura de un tribunal constitucional, sino una serie de posicionamientos individuales y una votación fría mediante la cual se decidía algo más que la consulta. Se trataba de colocarse en uno de los dos lados la geografía política trazada por el presidente de forma maniquea, astuta, ruin y nada democrática: los que están de su lado, aman —cono él— al pueblo; los que no, son sencillamente traidores. Los argumentos fueron lo de menos; los votos pesaron lo mismo. Habría dado igual que se argumentase mejor o peor. Nadie convenció a nadie. Simplemente votaron a favor o en contra de un capricho presidencial que a final de cuentas se impuso.

La perplejidad de la nueva pregunta

Lo que sí se cambió fue el contenido de la pregunta, quizás para intentar conservar algo de originalidad, no mostrar una sumisión descarada hacia la figura presidencial o intentar salvar el alma ante el atropello constitucional que acababan de cometer. De acuerdo con la Corte, lo que los ciudadanos deberán responder el próximo 1º de agosto es lo siguiente:

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

El único propósito de esta consulta popular es político. Se trata de algo parecido a una moneda, ahora de oro, gracias a la bendición de la Corte, con la que el Presidente de la República juega a ser un redentor.

Los ministros lo sabían. Incluso los que votaron —a mi juicio correctamente— a favor de la inconstitucionalidad, porque en este caso el Derecho fungió como un instrumento de la política. Quienes votaron a favor del capricho presidencial intentaron hacer alquimia para convertir el barro en oro; quienes lo hicieron en contra, usaron al Derecho para frenar, en lo posible, las aspiraciones autoritarias del presidente, lo cual, aunque jurídicamente correcto, no deja de ser también un asunto político.

¿Realmente se logró la conversión alquimista? ¿La pregunta modificada por la Corte es constitucional? Antes de responder estas preguntas, no podemos olvidar que el origen de todo este asunto es una propuesta presidencial claramente inconstitucional. El artículo 35, fracción VIII, apartado 3º, de la Constitución sigue ahí: “No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección (…)”.

Ahora bien, la Corte eliminó de la consulta inicial el aspecto penal, ya que ahora no se habla de delitos ni de sanciones penales; asimismo, matizó el elemento subjetivo, ya que tampoco aparecen los nombres de los expresidentes de México, aunque sí la mención de “actores políticos”. Se agregaron, en cambio, tres ingredientes: 1) la necesidad de “emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”; 2) la necesidad de garantizar “los derechos de las posibles víctimas”; y 3) la necesidad de garantizar la justicia.

Haciendo un caritativo esfuerzo interpretativo, es posible traducir la pregunta en estos términos:

¿Estás de acuerdo o no en que el Estado implemente mecanismos extraordinarios para esclarecer los hechos relacionados con graves violaciones de derechos humanos a cargo del propio aparato estatal, con el fin reparar integralmente a las víctimas?

Vista de este modo, la pregunta parece insinuar una idea de justicia restaurativa, lo cual podría, incluso, considerarse valioso. Sin embargo, esta no es la pregunta de la Corte. Y si lo fuera, además de ser una obviedad, no sería un buen instrumento para llevar a cabo una auténtica política pública orientada a la justicia restaurativa, ya que, en principio, ese tema tampoco debería ser objeto de consulta popular. Un gobierno realmente comprometido con una causa de ese tamaño no necesita el permiso de la gente, especialmente si cuenta con mayorías legislativas a su favor que podrían habilitar los mecanismos extraordinarios. Por lo demás, tiene siempre a su disposición las fiscalías, los tribunales y, en general, el aparato administrativo del Estado.

La pregunta reelaborada por la Corte sigue obedeciendo a un capricho presidencial. Lejos de limitar los impulsos autoritarios del presidente, la Corte se puso al servicio del titular del Ejecutivo para ayudarle a conservar su valiosa moneda política. López Obrador —no nos engañemos— sigue jugando con esa moneda porque le da réditos políticos: polariza, divide a la gente, mantiene la idea de un “enemigo del pueblo” y lo legitima para continuar con su proyecto político. El presidente, como político, hace su trabajo. La mayoría de los ministros de la Corte, como jueces constitucionales, desgraciadamente, no.

Resta esperar la respuesta de la gente. No olvidemos que el artículo 35, fracción VIII, apartado 3º, de la Constitución establece que, para que el resultado de una consulta popular se considere vinculante (es decir, obligatorio) para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes, es necesario que la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Si se llegara a lograr ese nivel de participación, lo más seguro es que las cosas no cambien en México. Sería muy ingenuo pensar que lo que no se ha hecho en tres años para paliar la impunidad, ahora sí se lleve a cabo gracias a una consulta popular. Y si la participación no alcanza, entonces el resultado de la consulta no será vinculante y las cosas seguirían igual.

En suma, la consulta popular no tiene que ser un éxito para que beneficie al presidente; lo ha beneficiado desde que se le ocurrió. Todo este esfuerzo no beneficiará a las víctimas ni a sus familias. A la Corte le ha supuesto un desprestigio. El INE no tiene más opción que cumplir con su deber. Veremos qué responden los ciudadanos.

 

Luz María Cruz Parcero
Tema(s):
Elecciones, INE, Representación Política, Sobrerrepresentación

Como sabemos, la conformación de nuestra Cámara de Diputados se hace por dos procedimientos de votación, mayoría relativa y representación proporcional.

En la primera pista, la de mayoría relativa, los escaños son distribuidos de acuerdo con los triunfos obtenidos en cada uno de los 300 distritos electorales.

En la segunda pista, la de representación proporcional, los 200 escaños se distribuyen mediante un mecanismo que permite hacer la conversión de votos aplicando una fórmula matemática a partir de la votación nacional emitida, que es la que resulta de deducir la votación válida emitida,[1] los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el tres por ciento de dicha votación, los votos emitidos para candidatos independientes y los votos nulos (LEGIPE, Art.15.2)

El mecanismo de representación proporcional fue incorporado en la legislación electoral mexicana desde 1977, en un principio con 100 diputados y posteriormente (reforma 1986-87) se amplió a 200.

El Artículo 54 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece las bases del sistema de asignación de las diputaciones de representación proporcional a partir del mecanismo de listas regionales en cinco circunscripciones plurinominales, siempre y cuando se cumplan dos requisitos: que el partido acredite la participación de candidatos a diputados en al menos 200 distritos uninominales, y que alcance por lo menos el 3 por ciento del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales.

Los límites que pone la Constitución son, además del requisito de alcanzar el 3 por ciento de la votación: que ningún partido pueda contar con más de 300 diputados por ambos principios y que el porcentaje de representación de los diputados que lleguen no exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida.

El Artículo 16 de la Ley General de Instituciones y Partidos Políticos (LEGIPE) establece el procedimiento para la asignación de diputados por representación proporcional mediante la aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura con dos elementos: cociente natural, que es el resultado de dividir la votación nacional emitida entre los 200 diputados de representación proporcional; y resto mayor, que es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político, una vez hecha la distribución de curules mediante el cociente natural.

En el Artículo 17 de la misma ley se establece el procedimiento a seguir con los votos restantes después de aplicar la distribución por cociente y resto mayor.

¿Por qué resulta necesario comprender lo explicado con anterioridad?

Ello viene a colación por los desacuerdos en la interpretación de la legislación que se hicieron evidentes mediante tres votos particulares emitidos ante una consulta que realizó al Consejo General el Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos (COTECORA), cuyos integrantes asesoraron la realización de 16 conteos rápidos para la elección de las 15 gubernaturas y la conformación de la Cámara de Diputados.

Entre las consultas que el pasado 4 de mayo hizo la Secretaría Técnica del COTECORA a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, pedía la validación de la metodología que se aplicaría para atender lo previsto en el Acuerdo del Consejo General INE/CG193/2021 cuyo inciso b) indica: “…por lo que en la asignación de diputaciones federales de representación proporcional se procurará el mayor equilibrio entre el porcentaje de votos y porcentaje de escaños de todas las fuerzas políticas que hayan obtenido al menos el 3% de la votación…”

La metodología del COTECORA planteaba:

La asignación de diputaciones vía representación proporcional (RP) consistirá en establecer un primer criterio de maximización de proporcionalidad entre porcentaje de votos y porcentaje de diputaciones, el cual se desprende de la proporción de la votación nacional emitida para cada partido multiplicado por 500. Esta primera asignación se realizaría siguiendo las reglas actuales de cociente natural y resto mayor.

          "Una vez alcanzado este criterio de maximización por todos los partidos con derecho a asignación por el principio de RP (cuya  votación válida emitida supere el 3%), si hubiera aún diputaciones por asignar el resto se distribuiría usando la proporción de la votación nacional emitida, ordenando los partidos de mayor a menor votación y asignando las diputaciones faltantes una por una hasta alcanzar los 200 diputados por RP. En esta segunda asignación se cuidaría de no exceder el límite constitucional de ocho por ciento de sobrerrepresentación."

En la respuesta del Consejo General del INE mediante Acuerdo INE/CG467/2021 se estableció la no procedencia de la aplicación de la metodología propuesta por el COTECORA por no apegarse a lo indicado en el Acuerdo INE/CG193/2021, a la sentencia del TEPJF sobre los expedientes SUP-RAP-68/2021 y Acumulados (impugnación del Acuerdo INE/CG193/2021), así como a las reglas de procedimiento previstas en el Capítulo II del Título Segundo del Libro Segundo de la LGIPE, de manera concreta, artículos 15 a 20.  

En el acuerdo INE/CG467/2021 se determinó que la fórmula para la asignación de las diputaciones por el principio de representación proporcional tendría que considerar que el cálculo del cociente natural fuera resultado de dividir la votación nacional emitida entre las 200 diputaciones de representación proporcional y que el número de diputaciones se asignaría conforme al número de veces que su votación contuviera el cociente natural (enteros) y, de existir diputaciones por repartir, se hiciera por resto mayor.

En caso de que algún partido rebasase el límite constitucional de 8 puntos porcentuales de sobrerrepresentación se tendría que incorporar la fórmula de cociente de distribución (divide el total de votos del partido que se encuentre en este supuesto entre las diputaciones a asignarse al propio partido).

Una vez determinado esto se procedería a una asignación a los partidos no sobrerrepresentados a partir del cálculo de un nuevo cociente natural a partir de la votación nacional efectiva (votación nacional emitida menos los votos de los partidos sobrerrepresentados a los que ya se les hubiesen asignado las diputaciones correspondientes).

El acuerdo sobre este punto no fue compartido por tres consejeros, Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y Beatriz Zavala quienes emitieron un voto particular argumentando que la postura de la mayoría de los integrantes del Consejo General “no atiende los objetivos centrales que orientaron el sentido del acuerdo INE/CG193/2021”, confirmado por el TEPJF, “consistente en que, al realizar la asignación de diputaciones de RP, se alcanzara una composición integral de la Cámara de Diputados respetuosa de los límites establecidos en la CPEUM, más equilibrada y acorde con la votación realmente obtenida por cada partido político”.

En la argumentación del voto particular emitido por los tres consejeros se aprecia un nudo problemático central: la lectura e interpretación gramatical de la LEGIPE hecha por la mayoría y una interpretación “conforme con la Constitución, que evite el incumplimiento de límites de sobre y sub representación reconocidos en el sistema constitucional y atienda las razones históricas y teleológicas que motivaron la representación proporcional a partir de la igualdad del sufragio”.

Y para atender al espíritu constitucional, los tres consejeros consideran que el universo de referencia para el cálculo del cociente debe ser los 500 diputados por ambos principios, ya que con ello se puede establecer la proporcionalidad del total de la cámara y así “procurar una traducción adecuada del voto ciudadano en la integración de la Cámara baja”. Adicionalmente reflexionan que el límite de 8 por ciento de sobrerrepresentación establecido en al artículo 54, fracción V de la CPEUM no debiera calcularse a priori sino después de haberse realizado las asignaciones y observar que existe sobrerrepresentación.

Aunque pareciera una discusión muy técnica cuyo impacto se reduciría a la metodología para las estimaciones del COTECORA, la divergencia de criterios obliga a la reflexión de temas de mayor alcance:

     1. La lectura y aplicación gramatical de la regla y la capacidad para interpretar y aplicar disposiciones de una manera más amplia para salvaguardar la integridad del sistema (ver SUP-RAP-68/2021).

     2. El espíritu del constituyente en términos de lograr órganos representativos donde las minorías tengan la posibilidad de tener presencia y hacerse escuchar y al mismo tiempo, que esta presencia refleje de manera adecuada la voluntad popular.

     3. Compensar las desproporciones que genera el sistema mayoritario.

     4. Entender la proporcionalidad no en términos de fórmulas de asignación sino como un sistema más amplio que permite una integración lo más equilibrada posible del cuerpo legislativo.

 

 

[1] De acuerdo con el Artículo 15.1 de la LEGIPE, es “la que resulte de deducir de la suma de todos los votos depositados en las urnas, los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados”.

Horacio Vives Segl
Tema(s):
Elecciones, Félix Salgado Macedonio, TEPJF, INE, Paridad, Candidaturas

Desde que se dio a conocer que Félix Salgado Macedonio podría ser candidato a la gubernatura del estado de Guerrero por la coalición encabezada por Morena se sucedieron diversas alarmas y críticas. Del abanico de objeciones expresadas en ciertos sectores de la opinión pública, este análisis se centra en las acusaciones formuladas por distintas conductas graves de violencia de género de larga data.

A pesar de que para el actual proceso electoral se establecieron lineamientos más estrictos para evitar que personas que hayan cometido distintos tipos de violencia de género accedieran a candidaturas para competir en cargos de elección popular, la candidatura de Salgado Macedonio fue defendida por su partido (empezando por el “líder moral” de éste, el presidente de la República) y avanzó por los linderos porosos de la legislación electoral, a pesar de las crecientes protestas de colectivos feministas y de buena parte de la sociedad en general, que con toda contundencia se expresaron en torno a las protestas del 8-M, que dejaron una de las estampas más gráficas con las pintas y proyecciones sobre las murallas y la fachada principal de Palacio Nacional.

En algo que recuerda lo sucedido con Al Capone el célebre mafioso que azotó Estados Unidos con el tráfico de alcohol durante el periodo de la “ley seca”, quien cayó en prisión no por sus actividades criminales más graves, sino por descuidos contables y fiscales, la Comisión de Fiscalización del INE detectó que Félix Salgado no había presentado el informe de precampaña al que estaba obligado legalmente. La historia siguiente es conocida: el Consejo General del INE confirma, en un primer momento, el retiro de un grupo de candidaturas, entre ellas la de Salgado; esta decisión es impugnada ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, que le regresa el asunto al INE; éste, por segunda vez, confirma el retiro de la candidatura, y ello de nueva cuenta es impugnado ante el Tribunal Electoral (expedientes SUP-JDC-416/2021 y acumulados), cuya Sala Superior finalmente emite una sentencia definitiva.

Entre las muchas aristas del asunto, siguiendo el análisis de Roberto Lara en esta misma plataforma, tenemos que “en el caso concreto debían ponderarse dos bienes opuestos: 1) la certeza y transparencia en la rendición de cuentas; y 2) el derecho individual del ciudadano a ser votado”. Como lo mencionó la magistrada Janine Otálora en el estudio del caso, el derecho a ser votado no es un derecho absoluto, sino que tiene obligaciones que no son opcionales. Siguiendo con el análisis de Lara, a Félix Salgado se le retiró la candidatura porque “no cumplió con determinados requisitos legales, y no porque haya cometido alguna infracción o falta”.

Una vez consumada la decisión de que Félix Salgado no podría ser candidato, y con la campaña ya avanzada, se le dio un plazo ciertamente muy breve al partido para hacer la sustitución respectiva. Se dijo que se levantó una encuesta, al vapor, de la que salió seleccionada Evelyn Salgado, hija del excandidato. Tal decisión fue vista por muchas y muchos como una nueva afrenta a la agenda de paridad de género en el ámbito electoral, pues no solamente no permitió que otras contendientes en el proceso interno de sustitución, con carreras políticas propias más destacadas, pudieran obtener la candidatura, sino que, a la luz del caso idéntico de Michoacán donde a Raúl Morón, correligionario de partido, también le retiraron la candidatura por el incumplimiento de obligaciones en materia de fiscalización de precampaña, y corrió igualmente los mismos procesos de impugnación, con los mismos resultados, que fue resuelto con una sustitución de candidatura por alguien que no es familiar de Morón, el caso de Guerrero dio pie a acusaciones de nepotismo y misoginia.

Una de las más recientes y terribles prácticas que se han presentado para torpedear los sucesivos avances en las acciones afirmativas para lograr la paridad de género en la postulación de candidaturas se presentó en 2009, con los oprobiosos casos de una oncena de diputadas electas, postuladas principalmente por el PRI y el PVEM, pero también por el PRD y el PT, quienes fueron orilladas a renunciar para que ingresaran a esa legislatura sus suplentes hombres. Esa deplorable práctica, conocida como “las juanitas”, es una de las mayores afrentas para que mujeres competentes puedan acceder a candidaturas y cargos de elección popular.

Así, una vez que Félix Salgado perdió la candidatura al gobierno de Guerrero vio la manera de seguir influyendo en la campaña, lo que seguramente ocurrirá también en el gobierno, en caso de que Morena gane la elección, a expensas de su hija, quien, ciertamente, muy flaco favor le hace a la agenda de género del país. Así como en un primer momento encontraron los bordes para postular a Félix Salgado, desdeñando las graves acusaciones sobre violencia de género, ahora igualmente se aprovecha que no existe una prohibición expresa para dejar la candidatura a su hija. Perder y arrebatar. Ya se verá cómo termina la maniobra.

 

 

 

Lara Chagoyán, Roberto, (2021), “La candidatura inválida de Salgado Macedonio”.

https://analisiselectoral2021.juridicas.unam.mx/detalle-publicacion/63

 

hvives@itam.mx / @HVivesSegl

Ximena Medellín
Tema(s):
Democracia, TEPJF, Elecciones, Derechos Humanos, Personas en Prisión Preventiva

Hace algunos días, por primera vez en México, 949 personas en prisión preventiva votaron en la elección de diputados federales electos por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional. Para ejercer este derecho, cada una de ellas tuvo que satisfacer los requisitos y procedimientos establecidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) en Modelo de Operación del Voto de las Personas en Prisión Preventiva y los Lineamientos para la conformación de la lista nominal de electores de personas que se encuentran en prisión preventiva para el proceso electoral federal 2020-2021.

El camino hasta este punto inició con cuando dos personas, que se autoidentifican como tsotsiles, promovieron un juicio de protección de los derechos político-electorales en contra de la omisión del INE para garantizar el derecho al voto de las personas privadas de la libertad. En una decisión dividida, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sostuvo que las personas sujetas a prisión preventiva (sea justificada u oficiosa) tienen derecho a ejercer el voto activo, al estar amparadas por el principio de presunción de inocencia.

Con base en una interpretación evolutiva del artículo 38.II constitucional, la Sala Superior ordenó al INE adoptar las medidas necesarias, en el ámbito de su competencia, para asegurar el voto de las personas en prisión preventiva en el año 2024. La sentencia de la Sala Superior determinó, además, que antes de dichas elecciones debería haber una “primera etapa de prueba”. Una especie de prueba piloto, a partir de la cual se pueda

En cumplimiento de esta sentencia, el INE acordó que el programa piloto se realizaría durante la próxima elección federal de 2021. Las personas que podrían participar en dicho programa eran aquéllas que se encontraran en prisión preventiva dentro de cinco centros federales de reclusión, correspondientes a cada una de las cinco circunscripciones electorales plurinominales. En apego a los criterios establecidos en la propia sentencia de la Sala Superior, el programa piloto abarcó tanto reclusorios varoniles como femeniles.

La importancia de la prueba piloto está descrita de manera explícita en el Acuerdo INE/CG97/2021, del 3 de febrero de 2021. Se trata, además de garantizar el derecho el voto a parte de personas en prisión preventiva, de generar la información necesaria para que el INE esté en posición de “tomar la decisión final sobre el modelo del voto que se adoptará para el PEF 2024 y determine si el ejercicio del derecho al voto se aplicará solamente a la elección presidencial o a otras elecciones.” Es decir, es una prueba piloto en la que nos estamos jugando las condiciones de ejercicio del derecho de cientos de miles de personas que, en México, se encuentran hoy en día en prisión preventiva.

Según el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, para marzo de 2021, la población total en situación de cárcel en México era de 219,117. De éstas, el 87.13% correspondían al fuero local en tanto que el restante 12.87% eran del fuero federal. En total, 93,787 personas –es decir, el 44.43%- estaban privadas de la libertad sin contar con una sentencia definitiva en su contra.

El elevado número de personas en prisión preventiva es resultado del uso expansivo (y arbitrario, valga decir) de esta medida cautelar dentro del sistema jurídico mexicano. Su efecto más directo es, como lo han apuntado tanto órganos nacionales como mecanismos internacionales, la restricción expansiva de los derechos humanos de personas que, jurídicamente, aún se deben presumir inocentes. La restricción de cualquier derecho, más allá de la libertad física, es cuestionable, por decir lo menos. 

En este sentido, la posibilidad de garantizar el voto a las personas en prisión preventiva –dejando de lado los problemas argumentativos que pueda tener la sentencia de la Sala Superior del TEPJF– es, en mi opinión, un importante avance en pro de la protección integral de las personas en situación de cárcel. Particularmente, cuando las mismas están aún amparadas por el principio de presunción de inocencia

La pregunta, ahora, es si el modelo que el INE ha planteado hasta el momento será realmente adecuado y eficiente para satisfacer el ejercicio del derecho al voto de las personas en prisión preventiva, en relación con la obligación de garantía establecida constitucional y convencionalmente.

Según el Acuerdo INE/CG97/2021, para marzo de este año, 2,185 personas en prisión preventiva se encontraban recluidas en los centros penitenciarios seleccionados para la prueba piloto. De esta muestra, solo 949 personas efectivamente emitieron su voto.

No se cuenta aún con un informe del INE en que se analice la prueba. Sin embargo, el mero hecho que menos de la mitad de las personas que podrían participar en esta elección efectivamente lo hayan hecho despierta muchas dudas. Particularmente, considerando los posibles ajustes que se puedan o deban implementar al modelo, antes de la elección presidencial de 2024.

Es importante tener claridad sobre cuál fue el motivo por el que tantas personas no quisieron o no pudieron participar en la prueba. ¿Se trata de problemas con las solicitudes de inscripción individual a la lista nominal de electores en prisión preventiva? ¿Se trata de falta de información sobre el proceso mismo y sus implicaciones o información sobre partidos políticos o candidatos? ¿Se trata de cuestiones vinculadas con la seguridad de las personas electoras?

Estas preguntas se suman a las dudas que la prueba piloto generaba, desde su propio diseño. ¿Por qué incluir solamente centros de reclusión federal, si un enorme porcentaje de las personas a quienes se tendrá que garantizar el voto en 2024 se encuentran en centros locales? ¿La muestra que se tomó para este piloto es realmente representativa de las condiciones personales o institucionales que imperan en el sistema penitenciario mexicano? En caso contrario, ¿la información recebada en este ejercicio preliminar es suficiente para diseñar el modelo definitivo? En este momento, las preguntas son muchas más que las repuestas.

Cualquier decisión que tome el INE sobre las condiciones o modalidades para el ejercicio del voto en prisión preventiva deberá sujetarse a estrictos criterios en materia de derechos humanos. El INE tiene en sus manos la delimitación del ámbito de protección del derecho de más de 92,000 personas que, por primera vez, podrán ejercerlo, aun estado sujetas a prisión preventiva. Esta es una enorme responsabilidad que requiere examinar, con la mayor cautela, los distintos escenarios. Para esto, deberá echarse mano de las herramientas necesarias para asegurar que cualquier modulación o restricción que se establezca al ejercicio del derecho al voto esté justificada, sea proporcional, no sea discriminatoria, etcétera. 

Posdata: No se puede concluir este comentario sin expresar el reproche que amerita el creciente uso de la prisión preventiva (oficiosa o justificada) en México. Estas es una práctica que va en contra de la protección de múltiples derechos y que debe cesar o limitarse a la brevedad

Juan Jesús Garza Onofre
Tema(s):
TEPJF, Equidad, Propaganda gubernamental, Promoción personalizada, INE

Hay que recordar que en la justicia electoral mexicana existen varias instancias encargadas de resolver las controversias, quejas e impugnaciones que se presentan al garantizar los derechos de corte político-electoral.

Asimismo, no hay que olvidar que el Tribunal Electoral no funciona de manera aislada. Y es que si bien la Sala Superior es la máxima y última autoridad en la materia, esta institución jurisdiccional también cuenta con cinco Salas Regionales (Monterrey, Veracruz, Ciudad de México, Guadalajara y Toluca), que sirven para conocer las impugnaciones en el ámbito de su circunscripción territorial, y, además, existe una Sala Regional Especializada que es la encargada de resolver los procedimientos sancionadores relacionados con la violación a las normas que, entre otras cosas, regulan el acceso a radio y televisión de los partidos y candidatos; la aplicación imparcial de recursos públicos; la propaganda de entes públicos; la propaganda electoral; así como los actos anticipados de precampaña y campaña.

Su carácter especializado responde a la necesidad de mantener el equilibrio de las condiciones de competencia en los procesos electorales. Trabajando de la mano con la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), se aspira a que tal órgano pueda resolver casos de manera expedita y eficaz para responder de manera oportuna a los procedimientos especiales sancionadores que le remita la autoridad administrativa. Esto, teniendo en consideración que, de cualquier manera, la Sala Superior puede revisar las impugnaciones en contra de las resoluciones de la Sala Especializada.

Así, queda claro que el rol de la Sala Especializada del Tribunal Electoral resulta crucial en nuestra democracia, pues su trabajo abona a que los actores políticos puedan conocer sus límites y antepongan su prudencia y racionalidad a sus fervorosos ánimos por posicionar sus mensajes o desplegar sus actuaciones más allá de lo permitido por la ley.

Aquí es precisamente cuanto entra en el juego el Presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), una figura por demás polémica durante el actual proceso electoral, pues sus dichos —a través de sus múltiples formas de comunicación política— han puesto en entredicho la efectividad de las normas constitucionales que buscan procurar la equidad en la contienda.

En ese sentido, hemos visto reiteradamente la manera cómo el titular del Ejecutivo se empeña en pronunciarse sobre el actual proceso electoral a través de sus conferencias de prensa matutinas, como si la Constitución fuera enteramente algo ornamental, AMLO ha preferido obviar los principios de equidad en la contienda, pues, día tras días, aprovecha cualquier oportunidad para la difusión de propaganda gubernamental, emitiendo discursos que develan sus preferencias electorales e incluso denunciando actos que no le corresponden propiamente a él en su faceta de funcionario público.

Esto ha decantando en ya varias sentencias emitidas por la Sala Superior, cuyo cumplimiento no queda del todo claro, pues mientras no exista voluntad y la racionalidad de la sanción depende de factores políticos, difícilmente se podrá garantizar su no repetición.

Por eso, precisamente, cuando el Presidente organiza un informe, denominado  “Primeros 100 días del Tercer año de Gobierno”, y que se celebra en Palacio Nacional el 30 de marzo de este año, es decir, en plena campaña electoral, la verdad es que resulta imposible obviar que se están emitiendo actos tendientes a la propaganda gubernamental personalizada y generando afectaciones en estados como Campeche, Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis y Sonora (donde se realizan campañas electorales).

Frente a esta situación, el PRD denunció ante la autoridad electoral administrativa, tan solo unos días antes de que se llevara a cabo tal evento, que al difundir acciones y logros realizados por el gobierno de México, se posicionaría al partido político Morena dentro del imaginario social y así se estaría en posición de conseguir distintos beneficios electorales de cara al próximo 6 de junio. En igual sentido, el partido político inconformado solicitó medidas cautelares a fin de que AMLO  no siguiera publicitando su imagen, ni la de su Gobierno. No obstante, la Unidad Técnica desechó la queja, considerando que los hechos no constituían una violación a la normativa electoral.

Ante esta determinación del INE, el PRD impugnó dicho acuerdo y el 7 de abril se revocó su desechamiento, ordenando que se admitiera la denuncia a trámite. Posteriormente, la Comisión de Quejas y Denuncias declaró improcedentes las medidas cautelares (por ya ser actos consumados) y  también decretó la improcedencia de la tutela preventiva (al versar sobre hechos futuros de realización incierta), por lo que el actor volvió a objetar la decisión ante la Sala Superior, no obstante, esta se desechó por ser extemporánea.

En ese sentido, el 6 de mayo, la Sala Especializada dictó sentencia en la que determinó la inexistencia de las infracciones denunciadas relativas al evento “Primeros 100 días del Tercer Año de Gobierno”, alegando que el contenido del discurso del Presidente era lícito, pues no se acreditó la difusión de propaganda gubernamental en periodo de campañas, ni se actualizaba el uso indebido de recursos públicos, y tampoco se estaba en el supuesto de desplegar propaganda gubernamental personalizada.

Descaradamente, la Sala Especializada se encargó de sortear el fondo del asunto. Como asumiendo un rol pasivo que intenta no incomodar al Presidente, esta instancia jurisdiccional en material electoral justificó su pasividad en aras de desplegar una interpretación bastante laxa de la Constitución. Y es que al hacer una lectura parcial y a conveniencia del evento, se llegó a la conclusión de que el informe en cuestión tuvo como principal propósito informar sobre diversos temas de interés público (tales como los relativos a campañas de vacunación y el avance de las acciones contra la pandemia de Covid-19).

Por eso, de nueva cuenta, el PRD se encargó de interponer un recurso de revisión ante la Sala Superior, alegando en esta ocasión que Sala Especializada no tomó en consideración ninguna razón jurídica por la salvaguarda de los principios de congruencia y exhaustividad.

De ahí que, en un otro juicio, la Sala Superior le enmendó la plana a la Especializada, afirmando que los agravios presentados por el PRD eran esencialmente fundados y suficientes para afirmar que el discurso pronunciado por AMLO respecto a los 100 días de Gobierno, sí constituye propaganda gubernamental personalizada, en términos de lo dispuesto en el artículo 134 constitucional, párrafo 8; y su difusión contrarió la prohibición de propaganda gubernamental en periodo de campañas previsto en el artículo 41, base III, apartado C, párrafo 2 de la Constitución. Esto, ya que, al momento en que Sala Superior hizo un análisis exhaustivo del contenido del discurso pronunciado por el Presidente en el evento aludido, quedaron expuestas múltiples manifestaciones que acreditan los elementos personal, objetivo y temporal que son necesarios para configurar el ilícito.

De esa forma, tal y como lo había denunciado el PRD, quedó claro que AMLO vulneró gravemente las reglas electorales y por ello quienes integran la Sala Especializada deberán emitir una nueva sentencia no solo que acate lo ordenado por la Sala Superior, sino, y quizá sobre todo, que se ajuste a Derecho y sirva para emitir un contundente mensaje respecto a que nadie puede estar por encima de la Constitución…, ni siquiera el Presidente de la República.

Ahora, habrá que esperar la nueva sentencia y conocer sus efectos. En resumidas cuentas, tal parece que la Sala Especializada dice AMLO que siempre sí violó la Constitución.

Guadalupe Salmorán Villar
Tema(s):
OPLES, Paridad, INE

El pasado 20 de mayo, el Consejo General del INE designó a Claudia Arlett Espino como presidenta provisional del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE), luego de que la Sala Superior del TEPJF revocara el nombramiento de Víctor Yuri Zapata Leos como presidente del órgano electoral local.

La vacancia presidencial del IEE se originó un año atrás, por el fallecimiento de su titular, Arturo Meraz, en noviembre de 2020. En ese entonces el INE encargó por primera vez a Claudia Espino el despacho de la presidencia del instituto local, mientras se realizaba la selección “definitiva”. En diciembre de ese año, el INE lanzó la convocatoria de renovación y en abril del 2021 designó a Zapata Leos como presidente del IEE por un periodo de siete años.

El caso ante la TEPJF

Sin embargo, la decisión del INE fue impugnada por una de las concursantes, Érika Torres Terrazas, por considerar que la designación de un hombre como presidente del IEE incumplía el principio de paridad de género. La Sala Superior señaló que efectivamente el INE no atendió a dicho criterio, al no valorar que, desde su creación, en 1997, el IEE no ha sido presidido por una mujer, salvo una vez y de forma interina, precisamente el caso de la consejera Claudia Espino.

El 12 de mayo la decisión tomada por la Sala Superior quedó casi desapercibida, en medio de la resolución de otros asuntos, salvo para una persona: Víctor Yuri Zapata, quien apenas hacía su debut como consejero presidente del OPLE y pronto tendría que despedirse de sus compañeros. Un mes más tarde, y entre disculpas, el Consejo General del INE le retiraría el nombramiento a Zapata, en acatamiento de la sentencia del Tribunal Electoral (SUP-JDC-739/2021).

El criterio adoptado por el TEPJF

El presente caso es llamativo por al menos tres razones: uno carácter formal y uno sustantivo. Comienzo por esto último.

Es importante aclarar que, en este caso, el INE no inobservó el principio de paridad en la composición del OPLE: con la designación del ciudadano Zapata Leos, el Instituto local quedó integrado por tres mujeres y cuatro hombres, en cumplimiento con el mandato constitucional y los correspondientes requisitos legales y reglamentarios[1].

El TEPJF revocó la designación del INE por una razón distinta y de índole histórico: por la falta de alternancia entre hombres y mujeres en la presidencia del IEE durante los últimos 20 años. De modo que la alternancia, se impone como un criterio más que el INE debe atender en aras revertir la sistemática exclusión de las mujeres en la dirección de los OPLE (SUP-JDC-739/2021: 28).

Innegablemente podemos colocar esta sentencia con aquellas otras en las que el TEPJF ha ido perfilando el principio de paridad como un mandato de optimización (Jurisprudencia 2/2021) aplicable también en la integración de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Sin embargo, no se trata de un parámetro completamente nuevo: el Consejo General adoptó ese criterio en la convocatoria dirigida exclusivamente a las mujeres a fin de designar a la presidencia del Instituto Electoral del Estado de México (INE/CG13/2021). En aquella ocasión, el INE tomó en consideración, no sólo la composición total de la consejería sino, además, la integración histórica de su presidencia, con el fin de cumplir con el principio de paridad. Un criterio que, además, fue respaldado por el la Sala Superior (SUP-JDC-117/2021).

Las formalidades

Las razones expuestas por los jueces electorales en ese caso parecen de peso y son coherentes con la adopción de una robusta perspectiva de género. Sin embargo, hay un aspecto que resulta problemático en esta sentencia: el momento en que se presentó el juicio.

Uno de los requisitos de procedencia para cualquier juicio ciudadano es que las partes presenten sus demandas dentro de los plazos establecidos legalmente[2]. Sin embargo, este requisito no se cumplió en este caso concreto. La actora impugnó la convocatoria del Consejo General cuatro meses después de que el INE la hiciera pública y luego de que Víctor Yuri Zapata asumiera el cargo como consejero presidente del IEE. Precisamente por ese motivo, el magistrado Vargas había propuesto desechar el asunto en el proyecto de sentencia a su cargo; pues era evidente que el plazo para controvertir la convocatoria del INE ya había expirado[3].

Sin embargo, eso no bastó para no entrar al fondo del asunto. Si bien –de acuerdo con los propios magistrados– “el criterio de esta Sala Superior ha sido que para efecto de revisar las reglas de designación se debe impugnar, en tiempo y forma, la convocatoria”, en esta ocasión el Consejo General del INE debía hacer una excepción apegada “estrictamente por las particularidades” del caso concreto (SUP-JDC-739/2021: 28).

Los comentarios

Es cierto, las trayectorias de integración de los institutos electorales de Chihuahua y Estado de México son parecidos porque ninguna mujer había sido designada para presidir los OPLES en esos estados. Sin embargo, se trata de una “similitud fáctica”, las condiciones jurídicas de este caso eran muy distintas. En el proceso de selección del instituto electoral del Estado de México sólo participaron las mujeres y el promovente del juicio impugnó la convocatoria desde un inicio y antes de que el INE echara a andar el proceso de selección y designación.

Ahora bien, la misma Sala Superior reconoció que el INE puede seleccionar “en el ejercicio de su libertad discrecional” a la persona que considere idónea para ocupar la presidencia de un OPLE, con independencia de su género, siempre y cuando garantice que el consejo local quede integrado por al menos tres personas del mismo género (SUP-JDC-739/2021: 22).

De acuerdo con lo anterior, el INE emitió una convocatoria abierta para hombres y mujeres con el fin de integrar la presidencia vacante del IEE de Chihuahua. Ninguna de las personas aspirantes al cargo, incluida la parte actora, contravino la convocatoria. Al contrario, Erika Torres consintió y participó activamente en cada una de las etapas del proceso de selección, de acuerdo a los términos y condiciones aprobados por el INE, al igual que el resto de sus compañeras y compañeros.

La promotora del juicio, con la aplicación de esas mismas reglas, llegó a la fase final del procedimiento. Pero no impugnó la convocatoria hasta el momento en que se enteró en que la persona elegida por el INE no había sido ella. Es obvio que la ciudadana no se hubiera inconformado de haber sido seleccionada. Aun así, no es inusitado que la finalista haya presentado un juicio ciudadano con el fin demostrar su inconformidad con el resultado, cuestionando por entero el proceso realizado por el INE. Pero sí lo es que los magistrados del TEPJF lo hayan aceptado.

Las determinaciones de las autoridades electorales, tanto el INE como del TEPJF, han sido elementos-clave para maximizar el principio de paridad y contrarrestar la discriminación y exclusión sistemática de las mujeres en la integración y dirección de los órganos público electorales. Desde esta perspectiva, evaluar diacrónicamente la composición de los OPLE se vuelve un instrumento útil para visibilizar las desventajas que a lo largo del tiempo han tenido las mujeres frente a los hombres en estos espacios, e intentar ponerles remedio.

Sin embargo, lo anterior no puede ser un pretexto para desconocer las reglas de procedencia que se exige a cualquier ciudadano para presentar un juicio. La impugnación de la convocatoria del INE, un acto manifiestamente consentido por la actora, habría sido un elemento suficiente para declarar improcedente el asunto, sino es que para considerarlo como no presentado debido a la extemporaneidad de la demanda (Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (artículos 10, inciso b y 19, inciso d).

Es insuficiente, además de altamente cuestionable, apelarse a la excepcionalidad del caso concreto para inobservar los requisitos de la ley procesal electoral. El que existan plazos para presentar un juicio tiene una doble razón de ser: por un lado, garantiza un igual tratamiento ante la ley, al obligar a todas las personas a presentar sus demandas dentro de los términos preestablecidos en las normas, contribuyendo así a dar certeza jurídica de que los plazos se cumplirán forzosamente. Además, asegura el carácter firme de los actos estatales, y que nos permite considerarlos como definitivos (o no susceptibles de modificación alguna) cuando, por ejemplo, habiendo un medio de impugnación éste no haya sido ejercido en el momento oportuno.

Las repercusiones de esta sentencia no se circunscriben a este caso. Con su decisión, el TEPJF abre la posibilidad para que, de ahora en adelante, las personas aspirantes al cargo puedan inconformarse con las convocatorias del INE para integrar las consejerías de los OPLES, hasta la última fase del proceso de selección, y una vez que se haya realizado la designación en aplicación con las reglas predeterminadas en la convocatoria, aunque los finalistas hayan participado en todo el proceso y no hayan impugnado con anterioridad la convocatoria correspondiente.

Desde mi perspectiva, y como ya se ha dicho en este espacio, es un error que la Sala Superior siga sopesando los principios de paridad de género y de certeza jurídica como si fuese posible sacrificar uno por el otro, dependiendo de cada caso.

 

[1] Me refiero al artículo 116, fracción IV, incisos b y c de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; al artículo 99, párrafo primero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y los artículos 18, 22 y 24 del Reglamento del INE para la designación y remoción de las consejerías de los Organismos Públicos Locales Electorales.

[2] Artículo 8º de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

[3] TEPJF, sesión pública del 12 de mayo de 2021. Disponible en: https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/sesiones/estenograficas/ve_1205211825.pdf

Karolina Gilas
Tema(s):
Paridad, OPLES, Representación Política

Los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) son los órganos responsables de la organización de las elecciones estatales. Fueron creados con la reforma electoral de 2014, que estableció, entre algunas otras reglas para su funcionamiento, que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral sea la autoridad responsable para la designación de las y los integrantes de los órganos de dirección de los Oples. Para fortalecer el profesionalismo de estos institutos y sus direcciones, la ley electoral estableció que su renovación debe ser escalonada y que la designación se debe llevar a cabo a partir de una serie de evaluaciones que garanticen que las personas que los integren cuenten con conocimientos y experiencia necesarias para desempeñar sus funciones. 

La reforma que introdujo la “paridad en todo” obligó a que los consejos generales de los Oples se integren de manera paritaria, lo que llevó al Consejo General del INE a emitir, en los últimos años, convocatorias dirigidas exclusivamente a mujeres, a varones, o mixtas, dependiendo de los contextos específicos de cada instituto estatal. Esto, con el objetivo de lograr y mantener los equilibrios de género en la integración de los órganos directivos de los Oples. 

Entre los procesos de designación de las y los consejeros de los Oples más recientes está la convocatoria emitida para ocupar el cargo de la presidencia del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO). El Consejo General del INE emitió el acuerdo correspondiente el 28 de abril de 2021 (INE/CG420/2021), convocando a las personas interesadas —mujeres y hombres— a presentar sus candidaturas. 

La convocatoria fue impugnada por cuatro mujeres, quienes consideraron que la designación de la presidencia del IEEPCO debería recaer en una mujer. Sus argumentos se centraron en evidenciar en cómo las mujeres han sido excluidas de este cargo en los 29 años de historia del Instituto, pues la presidencia siempre ha estado en las manos de los varones. Asimismo, sostuvieron que en el caso debe aplicarse el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en relación con la designación de la presidencia del Ople del Estado de México (SUP-JDC-117/2021), que estableció la alternancia de género en el tiempo en la integración de los consejos electorales (es decir, que si el presidente saliente es varón, quien debe sustituirlo es una mujer). 

La Sala Superior del TEPJF decidió que las ciudadanas que presentaron la impugnación tienen la razón y, en consecuencia, ordenó al Consejo General del INE emitir una nueva convocatoria, exclusiva para las mujeres, con el objetivo de que la persona que ocupe la presidencia del IEEPCO sea del género femenino. 

En la sentencia SUP-JDC-858/2021 y acumulados, la Sala Superior sostuvo que la paridad en la integración de los consejos generales de los Oples, que son órganos con un número impar de integrantes (siete) no puede considerarse satisfecha si las mujeres son siempre el género minoritario. Si bien es cierto que en la integración de estos órganos siempre habrá esa inequidad (derivada del número impar de las consejerías), es fundamental que se garantice la alternancia en el tiempo respecto del género dominante. 

Asimismo, entre los argumentos expuestos por la Sala Superior, la paridad debe ser interpretada a favor de las mujeres (Jurisprudencia 12/2018) y, en este sentido, debe ser considerada un piso y no un techo, permitiendo que las mujeres dominen numéricamente en la integración de los Oples. Con eso, señala el TEPJF en la sentencia, se revierten las desigualdades y exclusiones históricas que las mujeres han sufrido en el acceso a los espacios de poder. 

La sentencia analizada se inscribe en una serie de decisiones que ha estado tomando el TEPJF para fortalecer no solo la postulación, sino la incorporación efectiva de las mujeres en los distintos cargos y espacios de poder. Sin duda, este tipo de criterios, que hacen efectiva la paridad —e, incluso, van más allá de la paridad— están acorde con el espíritu de la reforma constitucional de la “paridad en todo”. 

Al mismo tiempo, la idea de la “paridad flexible” a la que hace referencia la decisión del TEPJF ha sido utilizada, hasta el momento, tanto a favor como en contra de las mujeres; pues el Tribunal ha señalado que se trata de un equilibrio en la integración de los diversos órganos y que la paridad no necesariamente tiene que ser absoluta. En algunas decisiones, como las relativas a la integración de los Oples (SUP-JDC-117/2021, SUP-JDC-739/2021, SUP-JDC-858/2021 SUP-JDC-858/2021 y la Jurisprudencia 2/2021) o la designación de las mujeres como suplentes de los varones (SUP-REC-7/2018), la flexibilidad opera a favor de las mujeres. En algunas otras, la flexibilidad ha privilegiado a los varones, como cuando se consideró innecesario hacer ajustes a la asignación de escaños de representación proporcional para lograr dominación numérica de las mujeres (SUP-REC-936/2014), o cuando el Tribunal se ha inclinado por favorecer el fortalecimiento de la representación política de personas pertenecientes a grupos históricamente excluidos —por ejemplo, las personas con discapacidad— (SUP-REC-1150/2018).

La decisión del TEPJF resulta favorable para la integración paritaria de los órganos y para el acceso de las mujeres a los espacios de los que han sido excluidas históricamente, que es fundamental para revertir las barreras existentes a la igualdad plena. Sin embargo, su lectura en un contexto más amplio de las interpretaciones realizadas por el Tribunal mantiene algunas preocupaciones al respecto de la fortaleza de los mecanismos de la paridad. La implementación efectiva de la paridad sigue dependiendo de la interpretación por parte de las autoridades y que, en consecuencia, llegan a modificarse en función de quiénes, cuándo y sobre qué espacios deciden. 

 

Flavia Freidenberg
Tema(s):
COVID-19, Elecciones, INE, Democracia

La pandemia COVID-19 logró lo que parecía imposible: mantener a la población recluida en sus casas, aceptando decisiones que limitaban sus derechos y libertades. La crisis sanitaria desnudó una serie de problemas estructurales: debilidad del Estado de Derecho, polarización, desigualdades sistémicas, corrupción y crimen organizado, vulnerabilidad e informalidad económica. En un contexto sistémico tan complicado, la primera decisión clave ha sido  entender que las elecciones no pueden suspenderse ni (re)programarse indefinidamente y que la ciudadanía debe poder ejercer todos sus derechos en un sistema político que se considere democrático.

Desmontar ese falso mito de que existía una colisión de derechos entre el acceso a la salud y la posibilidad de elegir, y de que uno está antes que el otro, ha sido una de las claves para las autoridades electorales que debieron dar cuenta de que la salud y poder elegir son derechos humanos fundamentales. El Estado debe poder garantizar ambos derechos, dado que los dos son importantes. Eso no quita de que las elecciones hayan puesto sobre la mesa una serie de desafíos organizativos y de logística relacionados con los derechos de las personas, las medidas y protocolos para garantizar el acceso a los recintos y poder ejercer el voto en condiciones sanitarias óptimas, el calendario electoral, la manera de hacer campaña, la gestión de los horarios el día de la elección, el modo en que se garantiza la distancia física, el uso de la tecnología en los procesos o la bioseguridad de las personas participantes.

México, como otros países de la región,  se ha enfrentado al desafío de organizar unas elecciones que aseguren la salud de los miembros de mesa, la ciudadanía y los representantes de partidos mientras que se garantiza el derecho a elegir. Dada esa necesidad de adecuar la organización electoral, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, así como las distintas Unidades Responsables de la estructura orgánica, elaboraron y aprobaron un informe que da cuenta de las medidas biosanitarias y de higiene que deben seguirse para garantizar la salud de la ciudadanía.

Como otros países que han organizado las elecciones en medio de la pandemia, han aprobado diversos protocolos que integran una serie de medidas para minimizar los riesgos de contagios en la campaña y a la hora de votar: a) uso obligatorio de mascarillas; b) gel antibacterial; c) distancia física; c) llevar la pluma desde casa; e) control de temperatura a la entrada del recinto electoral; f) pruebas PCR para observadores internacionales y para fiscales de los partidos políticos y g) señalética informativa en cada recinto electoral con las medidas e indicando la dirección de circulación. Estas medidas se complementan con una serie de prevenciones organizativas de los órganos de dirección del Instituto en los meses previos al día de la jornada electoral.

En el Informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) respecto al período del 2 de febrero al 31 de marzo de 2021 y donde se evalúan algunas de las medidas implementadas se señala que se han realizado 1,239 recorridos de vigilancia y supervisión por las instalaciones de oficinas centrales, donde se realizaron 66,247 tomas regulares de temperatura y se distribuyeron 408 litros de gel antibacterial. En este período, también se informa que se realizaron unas once sesiones virtuales por parte del Consejo General mientras que al JGE lo hizo en siete ocasiones entre febrero y marzo de 2021. El informe también detalla de manera muy específica la actividad organizativa desarrollada por la autoridad electoral para poder organizar la elección del 6 de junio de 2021. 

Todas estas disposiciones han sido pensadas y aprobadas a partir del trabajo de dos grupos expertos en el tema: el Grupo estratégico INE-C19 y el Grupo consultivo de especialistas en salud, que fueron los que han trabajado en los últimos meses en los protocolos sobre medidas sanitarias, así como evaluar las actividades de las Unidades Responsables para realizar un regreso a las actividades presenciales de la organización electoral.

La base normativa de estas decisiones se encuentran en una serie de acuerdos del INE que han sentado la legalidad a las alteraciones organizativas necesarias para hacer frente a la pandemia (por ejemplo, el Acuerdo INE/JGE34/2020, del 17 de marzo, a partir del cual  la Junta General Ejecutiva aprobó medidas de excepcionalidad e instrucciones de carácter temporal para la continuidad de operaciones institucionales derivado de la pandemia del Coronavirus, COVID-19; o el Acuerdo INE/CG80/2020, del 27 de marzo de 2020, cuando el Consejo General autorizó la celebración a través de herramientas tecnológicas, de sesiones virtuales o a distancia, ordinarias o extraordinarias, del CG o la JGE, durante el periodo de medidas sanitarias derivado de la pandemia COVID-19, entre otros).

 

Fuente:

Instituto Nacional Electoral, 2021. Séptimo informe que presenta la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral sobre las acciones realizadas para enfrentar la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19). Ciudad de México, INE.

 

Hugo Alejandro Concha Cantú
Tema(s):
Cancelación de candidaturas, Miguel Ángel Yunes Márquez, Residencia Efectiva

Esta es una sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz que canceló el registro que el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz había otorgado a Miguel Ángel Yunes Márquez, como candidato a presidente municipal de Veracruz. Para entenderla a cabalidad, es importante mencionar algunos antecedentes.

Miguel Ángel Yunes Márquez es uno de tantos hijos de políticos mexicanos que heredan también las aspiraciones, contactos e influencias de sus padres para mantener cargos públicos, sin importar guardar las formas ni cumplir con lo señalado en las leyes. Forma parte de un fenómeno que se inició en la época posrevolucionaria con el Partido de la Revolución Institucional, pero que no cambió con la alternancia política y los diferentes partidos que continúan asumiendo el poder. No se trata del derecho de los hijos a dedicarse a la actividad política, sino a la forma en que sus padres utilizan su poder para impulsar a sus hijos. Ahí radica la gravedad de esta conducta antidemocrática en el ámbito político, pero que no está prohibida de manera directa en la ley, como si sucede en cierta medida con las regulaciones de tipo administrativa para evitar conflictos de interés.

El señor Yunes Márquez no es nuevo en la política. Resulta interesante mencionar que además de diversos cargos que ha ostentado, en el 2018, mientras se desempeñaba como presidente municipal de Boca del Río Veracruz (por segunda ocasión), y su padre, Miguel Angel Yunes Linares era el Gobernador Constitucional del Estado (periodo 2016-2018), decidió postularse como candidato de la coalición “Por Veracruz al Frente” PAN-PRD y MC para suceder a su padre en la gubernatura. Afortunadamente para el principio republicano y la vitalidad democrática del estado, perdió la elección frente a Cuitláhuac García Jiménez de la coalición “Juntos Haremos Historia”.

Ahora, tres años después el señor Yunes Márquez eligió un nuevo cargo al cual postularse. En esta ocasión, se registró como candidato a la Presidencia Municipal de la ciudad de Veracruz, por parte de la coalición “Veracruz Va”, integrada por los partidos PAN, PRI y PRD. El 3 de mayo, el Consejo General del Organismo Público Local (OPLE) de Veracruz aprobó su registro.

Durante los días 6, 7, 8 y 10 de mayo, los partidos Morena, Fuerza por México, Podemos, Partido del Trabajo y Redes Sociales Progresistas, así como algunos ciudadanos, presentaron recursos de apelación y juicios para la protección de derechos políticos en contra del Acuerdo aprobado arriba mencionado, relativa a la candidatura de Yunes Márquez por no cumplir con el requisito que establece la Constitución del estado, de residencia efectiva de tres años en el municipio para el que se pretende gobernar.

Tras el examen de las diversas impugnaciones, se desecharon los juicios para la protección de derechos políticos por no contar con interés legítimo en el acuerdo que se impugnó, así como el recurso de apelación de Redes Sociales Progresistas, que se presentó de manera extemporánea. De esta manera, subsistieron y se acumularon los recursos de apelación en contra del acuerdo de registro de los partidos políticos Morena, Fuerza por México, Podemos y Partido del Trabajo los cuales fueron estudiados por el Tribunal local.

El estudio del caso se desarrolló examinando los diferentes agravios que fueron presentados. El primero aludió a que el Consejo General no fue exhaustivo en la revisión de la documentación para ver si existía la residencia efectiva a través de medios de prueba idóneos, pues, la contrario, se desprendía a través de numerosas pruebas que Yunes Márquez mantenía su domicilio en Boca del Río, Veracruz. El segundo agravio de los partidos es que precisamente se violó el requisito constitucional de elegibilidad al cargo, por residir simultáneamente en otro municipio contiguo. Un tercer agravio planteó que la residencia de Yunes Márquez interrumpió el requisito de residencia efectiva por tres años ininterrumpidos en el municipio, previo a la elección, ya que se comprobó que estuvo en el extranjero por un lapso equivalente a 365 días. Un cuarto agravió, consistió en que el candidato incumplió el requisito de elegibilidad de tener un modo honesto de vivir por haber falseado la información que entregó al OPLE.

De estos agravios, el Tribunal consideró infundados la mayoría de ellos, puesto que, en su parecer, el OPLE consideró todos los medios que tuvo presente (primer agravio), el candidato comprobó tener domicilio en el Municipio de Veracruz y el que tuviera otro en Boca del Río no significaba no cumplir con la residencia (segundo agravio), así como tampoco se comprobó la intencionalidad de engañar a la autoridad electoral y por ello no contar con un modo honesto de vivir (cuarto agravio). El agravió que sí fue considerado como fundado por el Tribunal, fue el que Yunes Márquez no logró comprobar la residencia efectiva ininterrumpida durante los tres años previos a la elección 8tercer agravio), ya que incluso tomando como parámetro los 30 días que la Constitución establece como limite al Presidente de la República para ausentarse del país, el candidato sobrepasó dicho límite.  Por este último motivo, se consideró que Yunes Márquez es inelegible por no poder comprobar el requisito que pide la Constitución de Veracruz para ocupar una Presidencia municipal.

En sus resolutivos, la sentencia además revoca obviamente el acuerdo del OPLE y, al perder la candidatura, dio un plazo de 48 horas a los órganos de dirigencia del Partido Acción Nacional para la sustitución del candidato e igualmente un plazo de 24 horas posteriores, para que el Consejo General del OPLE se pronunciara respecto a la aprobación de dicha sustitución.

Este caso, sin embargo, es una clara demostración de que aún cuando la ley busca establecer criterios ciertos para tener elecciones limpias y competitivas, subsiste una clase política acostumbrada a encontrar las lagunas en la ley y de esa manera burlarla.

El Partido Acción Nacional y los partidos con los que tiene una alianza, PRI y PRD,  decidieron apoyar al candidato defenestrado y colocar a su esposa Patricia Lobeira de Yunes, sin experiencia real en el servicio público (aunque siguió la tradición nacional de ocupar la presidencia del DIF municipal de Boca del Río cuando su esposo ocupó la Presidencia Municipal), como candidata sustituta. En el caso de ella, al haber nacido en el municipio de Veracruz y, por tanto, ser “originaria”, no se tiene que cumplir con el requisito de la residencia efectiva los tres años anteriores (ya también vivió fuera del país durante ese periodo). 

Surgen preguntas de manera inevitable ¿Qué lleva a los partidos, hoy oposición política necesitada de conseguir votos, a repetir las acciones tan criticables del partido gobernante en Guerrero al poner a una mujer sin los méritos, cubriendo al candidato original que no pudo registrarse pero que busca ejercer el poder (ver caso de Salgado Macedonio y su hija ahora candidata a la gubernatura de Guerrero)? ¿Porqué estos Partidos aceptan la voluntad de una familia que actúa como si fuera la dueña del estado?

 

 

 

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María Marván Laborde
Tema(s):
Elecciones

La preocupación por que los gobernantes no metan las manos en los procesos electorales es muy añeja. Gran parte de las reglas electorales en México están relacionadas con exigencias de equidad en la contienda y uno de los medios para lograrlo es que el partido en el gobierno no abuse del poder para generarse apoyos indebidos.

El transvase de recursos del gobierno a las campañas debe evitarse y tanto el INE como los institutos locales tienen responsabilidades de vigilancia y sanción en caso de que los programas sociales se utilicen como palanca para impulsar las preferencia electorales del partido en el poder. Para ello aprobó unos lineamientos que deben ser acatados en el gobierno federal y en todas las entidades.

Morena impugnó los lineamientos ante el TEPJF por considerar que el INE carece de facultades para emitir unos lineamientos que obliguen a todos los gobiernos. Se duele de que la autoridad electoral esté rebasando la facultad reglamentaria que tiene por ley. También consideró que la prohibición es excesiva ya que no toma en cuenta la temporalidad y el objeto de cada uno de los programas sociales. El Tribunal Electoral confirmó los lineamientos emitidos por unanimidad por el Consejo General, es decir consideró que Morena no tenía razón. Los lineamientos quedaron firmes y son obligatorios.  

A partir de un análisis minucioso que hizo el INE dejó explícito en los antecedentes del acuerdo impugnado la heterogeneidad legislativa que existe en las 32 entidades en las leyes que están relacionadas con la prevención de conductas que alimenten el clientelismo. Estas leyes son las siguientes: las leyes electorales que siguen prevaleciendo aún despúes de más de 6 años de aprobada la LEGIPE, las referidas a las responsabilidades de los servidores públicos, las que norman los programas de desarrollo social y, por último, pero no por ello menos importante, las leyes de transparencia y acceso a la información pública.

Como es bien sabido, los calendarios electorales no han sido empatados. Los tiempos de inicio de las precampañas, el periodo de precampaña y ya propiamente el de campaña siguen siendo disímbolos entre las 32 entidades, eso genera dificultades importantes ya que la LEGIPE establece permisos y prohibiciones específicas para cada uno de los tiempos en los que hemos dividido el proceso electoral. [1]

Lo mismo sucede con los otros marcos normativos. En Chihuahua, Colima y Durango no existe legislación sobre responsabilidades de los servidores públicos. Por su parte, en Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, Puebla y Zacatecas tenían leyes que fueron derogadas a partir de que entró en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La regulación sobre la implementación y operación de programas sociales, también presenta grandes diferencias, por ejemplo en Sinaloa y Yucatán, es inexistente cualquier tipo de normas al respecto; en Chiapas y Guerrero no se hace obligatorio publicar las reglas de operación de cada programa y en Durango y Colima si se mandata la publicación pero no en el periódico oficial de lel estado.

Estas cuatro piezas legislativas son las más importantes para prevenir que las y los gobernantes hagan un uso clientelar de los programas de desarrollo social para buscar beneficios electorales para su partido o coalición. Para resolver el problema de las diferencias e incompatibilidades entre estas leyes el INE decidió hacer uso de su facultad de atracción y que los lineamientos emitidos fuesen aplicables de manera simultánea para el gobierno federal, todos los estatales y municipales. La posibilidad que el Consejo General tome medidas que obliguen a todas las entidades deriva de la reforma electoral de 2014 que se transformó el IFE en INE.    

Los lineamientos obligan a cuestiones muy básicas que en la federación fueron implementadas desde hace muchos años: publicación de las reglas de operación de todos los programas de desarrollo social; prohibición expresa de utilizar los padrones de beneficiarios con fines distintos, es decir, con fines electorales; imparcialidad en el gasto del presupuesto público. Hay muchas disposiciones, acaso ineficientes, para evitar la identificación del partido en el gobierno con estos programas, no deben crearse y en la nuevos programas a partir del inicio de las precampañas y hasta el final de las elecciones.

Sin embargo, los partidos en el poder, a los que llamamos incumbent, suelen hacer un uso partidario de los recursos públicos, en especial el todo lo que se refiere al gasto en desarrollo social; sigue siendo altamente redituable revestir a los programas que se pagan con dinero del gobierno de los colores del partido y hacer creer, de muy diversas maneras, a la ciudadanía que esos programas son dádivas graciosas del (la) gobernante en turno y que si no se ratifica el voto por tal o cual partido la población está en riesgo de dejar de recibir ese servicio, esos bienes o de plano el dinero en efectivo que llega a las cuentas de los beneficiarios a los que, con toda intención, el gobierno nunca llama derechohabientes.

El clientelismo es la forma más refinada de coacción del voto y todos nuestros partidos han perfeccionado su uso y abuso. Por ello el INE, para cumplir con la vigilancia de un precepto establecido en el art. 134 de nuestra Constitución y su deber de vigilancia, claramente establecido en la LEGIPE, aprobó los lineamientos en comento.

Vale la pena destacar que en este caso en particular, el único partido que se inconformó fue Morena y como dijimos previamente, el Tribunal confirmó la decisión, dicho de otro modo, consideró que los agravios señalados por el quejoso carecían de fundamento.

 

[1] Los datos presentados sobre las diferencias legales entre las entidades se pueden consultar en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609572&fecha=07/01/2021#:~:text=RESOLUCI%C3%93N%20del%20Consejo%20General%20del,la%20contienda%20en%20los%20Procesos (consultado el 21 de mayo de 2021)