El pasado 1º de agosto de 2021 tuvo lugar la primera Consulta Popular organizada conforme al marco constitucional y la Ley Federal de Consulta Popular. En un ejercicio sin precedentes en términos de organización electoral y apenas saliendo de la jornada del 6 de junio, el INE logró la instalación de 57,077 Mesas Receptoras de Opinión (99.9%) en las que participaron generosos ciudadanos y ciudadanas que habían sido funcionarios de casilla en junio. También participaron 30,463 observadoras/es.

Para la difusión de la consulta, a partir del 15 de julio, el organismo electoral implementó una intensa campaña de difusión. Se registraron 377,833 impactos en radio y televisión en un total de 3,499 emisoras. Se implementó un micrositio y se realizó difusión mediante redes sociales. También se celebraron 335  Jornadas de Diálogo a nivel nacional, estatal y distrital para brindar información y promover la participación.  

El día de la consulta se registraron pocos incidentes, la mayoría relacionados con cambios de lugar de las mesas receptoras con causas justificadas. Una vez cerrada la recepción de opiniones dieron inicio los cómputos distritales con la llegada de los primeros paquetes a las juntas distritales, mismos que concluyeron el 2 de agosto. Los resultados arrojaron una participación de 7.11% y el total de opiniones que se manifestaron por el “Sí” representó el 97.72%, por el “No” se pronunció el 1.54% y se anularon 0.73% de las papeletas. 

Las opiniones de diversos actores políticos sobre el ejercicio se expresaron de muchas maneras antes y después de la jornada. Para algunos se trataba de un gasto innecesario, de una consulta amañada, de un tema poco relevante, de una manera del gobierno de no afrontar con la ley probables delitos del pasado; para otros se trataba de un ejercicio necesario para que “el pueblo” se expresara sobre el juicio a expresidentes del PAN y el PRI.

Las columnas periodísticas del día siguiente recogieron las opiniones divergentes acerca de los resultados. Mientras unos afirmaban el éxito del ejercicio otros aludían al contundente fracaso. Desafortunadamente, el planteamiento quedó en los extremos de una polarización política que dificultó una evaluación más mesurada acerca de los límites y alcances de este primer ejercicio formal.

Más allá de las diversas opiniones, el mecanismo que se ponía en operación por primera vez en nuestro país merecería una mejor pregunta, un compromiso más serio por parte de los actores y un mayor involucramiento de la ciudadanía.

Unos de los primeros temas de discusión lo motivó el objetivo de la consulta y la redacción de la pregunta. En términos procedimentales, el 15 de septiembre de 2020 la Suprema Corte de la Justicia de la Nación recibió la petición que le hizo el Senado, derivada de la solicitud presidencial. La Corte resolvió que el planteamiento original resultaba inconstitucional y decidió modificarla quedando de la siguiente manera: 

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? 

La opciones de respuesta fueron “Sí” o “No”.

Diversas organizaciones no gubernamentales presentaron preguntas a la Corte relativas a qué debería entenderse por “años pasados” o “actores políticos del pasado” o cuáles serían los límites del término “proceso de esclarecimiento”.

Finalmente la pregunta quedó con la original confusión con la que fue planteada, lo cual también se prestó para que el presidente y los dirigentes morenistas emitieran mensajes aun más farragosos para la población mediante los que afirmaban que se trataba de consultar acerca del juicio a expresidentes; incluso su propaganda impresa planteaba eso.

Fue con esa pregunta confusa y en medio de los consabidos ataques del presidente y Morena al INE como se llegó al día 1º de agosto.

Tratando de realizar un balance entre los pros y contras del ejercicio podemos mencionar que en términos organizativos la maquinaria del INE demostró de manera contundente su gran capacidad para garantizar procesos bien planeados, transparentes y apegados a la ley. Quienes en todo caso no estuvieron a la altura fueron los actores políticos promoventes y las voces que de manera muy simplista enviaron mensajes de rechazo a partir de su ubicación en el polo más distante de esos promoventes de la propuesta. 

Un aspecto positivo es sin duda, la puesta en la agenda de la discusión ciudadana y política de los alcances y limitaciones de este tipo de ejercicios. La inclusión de la ciudadanía en los procesos participativos y de decisiones son temas de amplias dimensiones que enfrentan nuestras democracias. Los mecanismos de democracia directa por sí solos no son la respuesta, las investigaciones empíricas en América Latina no son concluyentes en términos de los beneficios que reportan para la ciudadanía y las democracias. Hay muchas variables de las que depende su éxito y también se ha observado que en gobiernos de corte autoritario cumplen una función legitimadora más que de promoción de la participación ciudadana.

Además del tipo de régimen, es importante revisar desde dónde se promueven las consultas, pueden ser desde arriba (desde los gobiernos) o desde abajo (ciudadanía). El ejercicio 2021 obedeció claramente a una consulta desde arriba; fue una propuesta del presidente de la República cuya intención era enjuiciar a expresidentes.

En un país con baja densidad de capital social y elevados requisitos legales para fomentar la participación ciudadana, la construcción de una ciudadanía más participativa es todavía un tema pendiente. Será importante seguir el compromiso de próxima legislatura y los actores políticos con los temas y mecanismos de participación ciudadana.

Otro ángulo para la evaluación del ejercicio son los resultados a nivel distrital y por entidad. Es interesante observar el incremento de la participación si se considera como punto de partida los estados del norte y se hace un recorrido hacia el sur. En la región norte el mayor promedio se registró en Tamaulipas (6.49%); en los estados del centro Tlaxcala registró un 11.66% y en el sureste, Tabasco 11.26%; en la Ciudad de México (10.38%) el resultado es muy elevado si se compara con los resultados de ejercicios similares previos que no superan en promedio, el 5 por ciento de participación.

Si este ejercicio logar colocar el tema en la discusión de las agendas ciudadanas, del congreso y de los partidos de cara a una inminente reforma electoral, también la valoración resulta positiva.

Una necesaria discusión sobre la calidad de nuestra democracia representativa debe incorporar discusiones relacionadas con las formas de fomentar ejercicios participativos que surjan de la ciudadanía, su accesibilidad, sus costos, las posibilidades de implementar mecanismos electrónicos para la votación, etc.