En febrero pasado, el Consejo General del INE aprobó, por nueve votos a favor y dos en contra, instalar en la elección del 6 de junio próximo, urnas electrónicas en 50 casillas únicas del estado de Coahuila y otras tantas en el de Jalisco. Días después, Morena interpuso un recurso de apelación, aunque el TEPJF terminó respaldando la decisión del INE en una votación también dividida de cinco contra cuatro magistrados de la Sala Superior.

En la agenda pública el tema ganó visibilidad no tanto por la decisión del INE, como por la impugnación de Morena, cuyas críticas giraron alrededor de dos asuntos: por un lado, se cuestionó la competencia del arbitro electoral para tomar esa decisión y por el otro, se consideró que la urna electrónica abriría cauces a la manipulación de resultados.

En cuanto a si el INE tiene competencia para implementar este mecanismo de votación, las decisiones divididas en el Consejo General de la autoridad administrativa y en la Sala Superior de la jurisdiccional, parecen indicarle al no experto la complejidad del asunto. En el Tribunal, los votos a favor de la decisión del INE tomaron en cuenta resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2009 o 2020, precedentes del propio Tribunal y las experiencias de urna electrónica en contiendas locales en Coahuila, tan solo el año pasado ya en el contexto de la pandemia, y en varios estados más, incluido Jalisco. En este tema, la opinión de los expertos, como la de los magistrados del Tribunal y de los consejeros del INE, no suele ser unánime, pero para esta elección, a nuestro juicio de manera acertada, el Tribunal avaló la decisión del INE y habrá 100 urnas electrónicas en dos estados de la federación.

La segunda objeción a la urna electrónica es que podría prestarse a la manipulación electoral. Se trata de un cuestionamiento más sonoro que asocia la desconfianza a la tecnología con la suspicacia a las autoridades, en particular, las electorales.

En mi opinión, esta postura debe valorarse, primero, en su dimensión numérica, pues allí radica parte ya no digamos de su veracidad sino incluso de su verosimilitud. El próximo seis de junio, el INE instalará 163 mil 244 casillas en todo el país. De este universo, sólo cien casillas serán electrónicas, esto es el 0.06 por ciento del total, o sea, menos de una de cada mil quinientas casillas. Localmente, 50 urnas electrónicas en Coahuila representan 1.6% del universo completo de las mesas receptoras de votos, en tanto que en Jalisco serán alrededor del 0.5% del total. En términos de volumen de casillas y electores, las posibilidades de incidir sobre el resultado electoral federal e incluso local son prácticamente inexistentes.

Por otro lado, en las dos entidades en que habrá urna electrónica no sólo existen experiencias exitosas, en Jalisco desde 2006 y en Coahuila desde las reformas legales locales de 2002, sino que la legislación local expresamente las permite, y se trata, tampoco hay que perderlo de vista, de elecciones concurrentes, es decir, en que se eligen diputados federales, pero también cargos locales. En los estados del país, la urna electrónica se ha probado con éxito en el Estado de México, Coahuila y la Ciudad de México, entre otras entidades.

Finalmente, respecto a la confiabilidad del voto electrónico en México, bastan cuatro consideraciones particulares y una general: las experiencias exitosas a nivel subnacional la documentan, el dispositivo no estará conectado a internet ni podrá ser manipulado remotamente, el votante sólo podrá tener acceso a la boleta digital por una sólo vez mediante una contraseña personal y única, y el voto se almacenará electrónicamente pero también se emitirá un comprobante en papel que permitirá en todo momento el cotejo del registro electrónico con el manual. Y de manera tradicional, los resultados de la urna electrónica, podrán ser impugnados como en cualquier otra mesa receptora de votos, utilizando el repertorio de medios existentes: casilla por casilla, voto por voto.

La experiencia internacional de la urna electrónica también ha sido exitosa y los casos problemáticos han tenido que ver, o bien con la interrupción o injerencia gubernamental en el proceso mecánico -caso Venezuela- o bien con la falta de consenso y confianza plena por parte de todas las fuerzas políticas y el electorado dada la “opacidad de la tecnología” -caso Alemania-, pero en uno y otro escenario, el problema no ha sido el dispositivo tecnológico y su funcionamiento, sino la emergencia de operaciones fraudulentas por parte de los partidos gobernantes, o bien el limitado consenso, alimentado por escaso conocimiento, en torno a la seguridad tecnológica de la herramienta.

La instalación de 100 urnas electrónicas en México la próxima elección persigue generar un nuevo precedente, ahora en una elección federal, abierto al escrutinio de votantes y partidos, evaluable por la autoridad, para que ésta última, en un futuro próximo, pueda valorar si esta modalidad, más económica, más veloz y con menor error tanto en la emisión como en el cómputo de los votos, puede reproducirse a mayor escala. Afortuna coincidencia INE/Tribunal en el respaldo mayoritario a la urna electrónica.