La consulta popular, propuesta por el Ejecutivo en septiembre de 2020 ante el Senado, fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en octubre del mismo año. La SCJN, en una decisión altamente controvertida (véase, como algunos ejemplos, Salazar, 2021; Martín y Garza, 2020), validó la realización de la consulta, aunque, frente a la propuesta original, modificó la pregunta (Revisión de constitucionalidad de la materia de una consulta popular convocada por el Congreso de la Unión 1/2020). Más adelante, al emitir la convocatoria, la Cámara de Diputados cambió la fecha de celebración de la consulta para el 1 de agosto (era intención del Presidente celebrara de manera conjunta con la jornada electoral de 6 de junio). 

En cumplimiento de sus obligaciones legales, el INE se vio en la necesidad de trabajar, en paralelo, en la organización del proceso electoral más grande de la historia y de la consulta popular que se llevará a cabo apenas dos meses después de la jornada electoral. Los acuerdos emitidos el 6 de abril —relativos a la aprobación de los lineamientos y del plan integral y calendario para la consulta— materializan una buena parte de los avances en la organización que ya lleva en el Instituto varios meses (inició con las actividades correspondientes en octubre de 2020). 

Entre los aspectos notables de los acuerdos aprobados destacan la decisión que Comisión de Capacitación y Organización Electoral, creada como órgano auxiliar del Consejo General para la organización de los procesos electorales 2020-2021, desempeñará las mismas funciones en relación con la consulta popular, así como la intención general de aprovechar los antecedentes del proceso electoral para agilizar y economizar la organización de la consulta (por ejemplo, las mesas receptoras se ubicarán en los mismos sitios que las casillas, extensión de los contratos con las personas que fungieron como Supervisor/a Electoral, Capacitador/a Asistente Electoral, así como la designación de las personas que fungieron como Funcionarios/as de Mesas Directiva de Casilla que participaron en el proceso electoral). Estas decisiones responden a una eficiencia institucional y, claramente, a la necesidad de generar economías ante el déficit de 1,500 millones de pesos que enfrenta el INE ocasionado por los recortes presupuestarios que no tomaron en cuenta la necesidad de organizar la consulta (cuyos costos son determinados en función de las reglas específicas previstas por la legislación). 

Otro aspecto relevante de los acuerdos tienen que ver con la apertura del INE para explorar la posibilidad de utilizar las urnas electrónicas (voto electrónico presencial) durante la consulta, hecho que evidencia el interés del Instituto por avanzar hacia la implementación efectiva de las herramientas tecnológicas que podrían simplificar el proceso de voto y, en especial, del cómputo. Después de los programas piloto realizados durante los procesos electorales de Coahuila e Hidalgo el año pasado, y en Coahuila y Jalisco durante el proceso en curso, sería el tercer ejercicio encaminado a abrir la posibilidad de utilización de esta tecnología en un futuro. 

Finalmente, es de destacar la necesidad de resolver, en los lineamientos, las contradicciones existentes entre la posibilidad material de organización y lo previsto por la legislación vigente que no ha sido modificada frente al cambio de la fecha de celebración de las consultas realizado desde la Constitución. A pesar de que la reforma al artículo 35 de la Constitución, para establecer que las consultas populares se celebrarán el primer domingo de agosto (y no de manera concurrente con la jornada electoral) fue adoptada en diciembre de 2019, a la fecha no se han realizado ajustes a la legislación secundaria. Por ello, la Ley Federal de Consulta Popular aún establece las reglas de organización que responden a una lógica específica derivada de la celebración concurrente de las consultas con la jornada electoral. Frente a ello, el INE se vio ante la necesidad de realizar, en los lineamientos, las adecuaciones correspondientes, entre otros, para las fechas y procedimientos de cómputo. 

La actuación del INE en relación con la organización de la consulta popular se apega a las reglas previstas por la Constitución y por la legislación vigente, pretendiendo armonizar ambas y cumplir con sus funciones de manera eficiente. Será importante observar, ya en las semanas posteriores a la jornada electoral, cómo será la dinámica de la organización (por ejemplo, respecto a la ciudadanía que se desempeñó en las mesas directivas de casilla y que será convocada a realizar la misma función dos meses después), de las campañas relativas al tema de la consulta (estas durarán dos semanas, entre 15 de julio y 1 de agosto) y, finalmente, cómo será la respuesta ciudadana en términos de la participación y el sentido de los votos.