La pandemia COVID-19 logró lo que parecía imposible: mantener a la población recluida en sus casas, aceptando decisiones que limitaban sus derechos y libertades. La crisis sanitaria desnudó una serie de problemas estructurales: debilidad del Estado de Derecho, polarización, desigualdades sistémicas, corrupción y crimen organizado, vulnerabilidad e informalidad económica. En un contexto sistémico tan complicado, la primera decisión clave ha sido  entender que las elecciones no pueden suspenderse ni (re)programarse indefinidamente y que la ciudadanía debe poder ejercer todos sus derechos en un sistema político que se considere democrático.

Desmontar ese falso mito de que existía una colisión de derechos entre el acceso a la salud y la posibilidad de elegir, y de que uno está antes que el otro, ha sido una de las claves para las autoridades electorales que debieron dar cuenta de que la salud y poder elegir son derechos humanos fundamentales. El Estado debe poder garantizar ambos derechos, dado que los dos son importantes. Eso no quita de que las elecciones hayan puesto sobre la mesa una serie de desafíos organizativos y de logística relacionados con los derechos de las personas, las medidas y protocolos para garantizar el acceso a los recintos y poder ejercer el voto en condiciones sanitarias óptimas, el calendario electoral, la manera de hacer campaña, la gestión de los horarios el día de la elección, el modo en que se garantiza la distancia física, el uso de la tecnología en los procesos o la bioseguridad de las personas participantes.

México, como otros países de la región,  se ha enfrentado al desafío de organizar unas elecciones que aseguren la salud de los miembros de mesa, la ciudadanía y los representantes de partidos mientras que se garantiza el derecho a elegir. Dada esa necesidad de adecuar la organización electoral, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, así como las distintas Unidades Responsables de la estructura orgánica, elaboraron y aprobaron un informe que da cuenta de las medidas biosanitarias y de higiene que deben seguirse para garantizar la salud de la ciudadanía.

Como otros países que han organizado las elecciones en medio de la pandemia, han aprobado diversos protocolos que integran una serie de medidas para minimizar los riesgos de contagios en la campaña y a la hora de votar: a) uso obligatorio de mascarillas; b) gel antibacterial; c) distancia física; c) llevar la pluma desde casa; e) control de temperatura a la entrada del recinto electoral; f) pruebas PCR para observadores internacionales y para fiscales de los partidos políticos y g) señalética informativa en cada recinto electoral con las medidas e indicando la dirección de circulación. Estas medidas se complementan con una serie de prevenciones organizativas de los órganos de dirección del Instituto en los meses previos al día de la jornada electoral.

En el Informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) respecto al período del 2 de febrero al 31 de marzo de 2021 y donde se evalúan algunas de las medidas implementadas se señala que se han realizado 1,239 recorridos de vigilancia y supervisión por las instalaciones de oficinas centrales, donde se realizaron 66,247 tomas regulares de temperatura y se distribuyeron 408 litros de gel antibacterial. En este período, también se informa que se realizaron unas once sesiones virtuales por parte del Consejo General mientras que al JGE lo hizo en siete ocasiones entre febrero y marzo de 2021. El informe también detalla de manera muy específica la actividad organizativa desarrollada por la autoridad electoral para poder organizar la elección del 6 de junio de 2021. 

Todas estas disposiciones han sido pensadas y aprobadas a partir del trabajo de dos grupos expertos en el tema: el Grupo estratégico INE-C19 y el Grupo consultivo de especialistas en salud, que fueron los que han trabajado en los últimos meses en los protocolos sobre medidas sanitarias, así como evaluar las actividades de las Unidades Responsables para realizar un regreso a las actividades presenciales de la organización electoral.

La base normativa de estas decisiones se encuentran en una serie de acuerdos del INE que han sentado la legalidad a las alteraciones organizativas necesarias para hacer frente a la pandemia (por ejemplo, el Acuerdo INE/JGE34/2020, del 17 de marzo, a partir del cual  la Junta General Ejecutiva aprobó medidas de excepcionalidad e instrucciones de carácter temporal para la continuidad de operaciones institucionales derivado de la pandemia del Coronavirus, COVID-19; o el Acuerdo INE/CG80/2020, del 27 de marzo de 2020, cuando el Consejo General autorizó la celebración a través de herramientas tecnológicas, de sesiones virtuales o a distancia, ordinarias o extraordinarias, del CG o la JGE, durante el periodo de medidas sanitarias derivado de la pandemia COVID-19, entre otros).

Fuente:

Instituto Nacional Electoral, 2021. Séptimo informe que presenta la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral sobre las acciones realizadas para enfrentar la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19). Ciudad de México, INE.