Desde que se dio a conocer que Félix Salgado Macedonio podría ser candidato a la gubernatura del estado de Guerrero por la coalición encabezada por Morena se sucedieron diversas alarmas y críticas. Del abanico de objeciones expresadas en ciertos sectores de la opinión pública, este análisis se centra en las acusaciones formuladas por distintas conductas graves de violencia de género de larga data.

A pesar de que para el actual proceso electoral se establecieron lineamientos más estrictos para evitar que personas que hayan cometido distintos tipos de violencia de género accedieran a candidaturas para competir en cargos de elección popular, la candidatura de Salgado Macedonio fue defendida por su partido (empezando por el “líder moral” de éste, el presidente de la República) y avanzó por los linderos porosos de la legislación electoral, a pesar de las crecientes protestas de colectivos feministas y de buena parte de la sociedad en general, que con toda contundencia se expresaron en torno a las protestas del 8-M, que dejaron una de las estampas más gráficas con las pintas y proyecciones sobre las murallas y la fachada principal de Palacio Nacional.

En algo que recuerda lo sucedido con Al Capone —el célebre mafioso que azotó Estados Unidos con el tráfico de alcohol durante el periodo de la “ley seca”, quien cayó en prisión no por sus actividades criminales más graves, sino por descuidos contables y fiscales—, la Comisión de Fiscalización del INE detectó que Félix Salgado no había presentado el informe de precampaña al que estaba obligado legalmente. La historia siguiente es conocida: el Consejo General del INE confirma, en un primer momento, el retiro de un grupo de candidaturas, entre ellas la de Salgado; esta decisión es impugnada ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, que le regresa el asunto al INE; éste, por segunda vez, confirma el retiro de la candidatura, y ello de nueva cuenta es impugnado ante el Tribunal Electoral (expedientes SUP-JDC-416/2021 y acumulados), cuya Sala Superior finalmente emite una sentencia definitiva.

Entre las muchas aristas del asunto, siguiendo el análisis de Roberto Lara en esta misma plataforma, tenemos que “en el caso concreto debían ponderarse dos bienes opuestos: 1) la certeza y transparencia en la rendición de cuentas; y 2) el derecho individual del ciudadano a ser votado”. Como lo mencionó la magistrada Janine Otálora en el estudio del caso, el derecho a ser votado no es un derecho absoluto, sino que tiene obligaciones que no son opcionales. Siguiendo con el análisis de Lara, a Félix Salgado se le retiró la candidatura porque “no cumplió con determinados requisitos legales, y no porque haya cometido alguna infracción o falta”.

Una vez consumada la decisión de que Félix Salgado no podría ser candidato, y con la campaña ya avanzada, se le dio un plazo —ciertamente muy breve— al partido para hacer la sustitución respectiva. Se dijo que se levantó una encuesta, al vapor, de la que salió seleccionada Evelyn Salgado, hija del excandidato. Tal decisión fue vista por muchas y muchos como una nueva afrenta a la agenda de paridad de género en el ámbito electoral, pues no solamente no permitió que otras contendientes en el proceso interno de sustitución, con carreras políticas propias más destacadas, pudieran obtener la candidatura, sino que, a la luz del caso idéntico de Michoacán —donde a Raúl Morón, correligionario de partido, también le retiraron la candidatura por el incumplimiento de obligaciones en materia de fiscalización de precampaña, y corrió igualmente los mismos procesos de impugnación, con los mismos resultados—, que fue resuelto con una sustitución de candidatura por alguien que no es familiar de Morón, el caso de Guerrero dio pie a acusaciones de nepotismo y misoginia.

Una de las más recientes y terribles prácticas que se han presentado para torpedear los sucesivos avances en las acciones afirmativas para lograr la paridad de género en la postulación de candidaturas se presentó en 2009, con los oprobiosos casos de una oncena de diputadas electas, postuladas principalmente por el PRI y el PVEM, pero también por el PRD y el PT, quienes fueron orilladas a renunciar para que ingresaran a esa legislatura sus suplentes hombres. Esa deplorable práctica, conocida como “las juanitas”, es una de las mayores afrentas para que mujeres competentes puedan acceder a candidaturas y cargos de elección popular.

Así, una vez que Félix Salgado perdió la candidatura al gobierno de Guerrero vio la manera de seguir influyendo en la campaña, lo que seguramente ocurrirá también en el gobierno, en caso de que Morena gane la elección, a expensas de su hija, quien, ciertamente, muy flaco favor le hace a la agenda de género del país. Así como en un primer momento encontraron los bordes para postular a Félix Salgado, desdeñando las graves acusaciones sobre violencia de género, ahora igualmente se aprovecha que no existe una prohibición expresa para dejar la candidatura a su hija. Perder y arrebatar. Ya se verá cómo termina la maniobra.

Lara Chagoyán, Roberto, (2021), “La candidatura inválida de Salgado Macedonio”.

https://analisiselectoral2021.juridicas.unam.mx/detalle-publicacion/63

hvives@itam.mx / @HVivesSegl