El pasado domingo 1 de agosto se celebró en México la primera consulta popular nacional constitucional y legalmente válida. Un ejercicio de participación ciudadana recientemente incorporada en nuestro marco jurídico y que no pudo celebrarse en ocasión de los anteriores procesos electorales federales de 2015 y 2018. Así que apenas se inauguró, y no precisamente en un escenario óptimo.

Por supuesto, en principio y de manera abstracta es una buena medida que se amplíen los instrumentos y recursos de participación y así se expandan los derechos políticos de la ciudadanía. Teóricamente sería una buena práctica para la consolidación democrática. El prurito viene al contextualizar que hay ciertas prácticas que, lejos de mejorar la calidad democrática de un país, tienden a socavarla. Algo conocido como “cesarismo plebiscitario”. Una estrategia manipuladora, muy utilizada por gobernantes populistas que recurren a ella para darle mañosa legitimidad y respaldo a decisiones partidistas y sectarias previamente asumidas.

Hay que recordar que la  incomprensible redacción de la pregunta de la consulta del pasado 1 de agosto traía una falla de origen irremontable. Ello se dio cuando el pleno de la Suprema Corte determinó su constitucionalidad. Nuevamente recordemos distinguir a los ministros por la forma en que votaron y los argumentos que ofrecieron: mientras una mayoría cedió ante el capricho presidencial, los ministros  Luis María Aguilar (ponente del acertado proyecto original que, aunque perdiera la votación, exponía de manera prístina la manifiesta inconstitucionalidad de la consulta), José Fernando Franco, Javier Laynez (particularmente lúcido en sus argumentos en el momento de la discusión pública), Norma Piña y Jorge Pardo entendieron claramente y asumieron responsablemente sus responsabilidades constitucionales, sin ceder a las presiones políticas y mediáticas.

En esa lógica, además, estuvieron conviviendo, en el espacio público y mediático, dos consultas, en realidad: el engendro de pregunta avalada por la Suprema Corte y la de los promotores originarios de la consulta.

Ante ese conjunto de abstracciones y manipulaciones, resultaba lógico que la ciudanía viera con desgano el llamado a las urnas del 1 de agosto. Por ello resulta lamentable que el “estreno” de las consultas con asidero constitucional y legal a nivel nacional, organizadas por árbitros imparciales, con metodología, cadena de custodia, rigor estadístico y demás elementos mínimos de generación de confianza, haya sido tan anodino y fallido ejercicio. Si hay que encontrar “culpables” de la raquítica participación, del 7.11% del electorado, los promotores de la consulta lo único que tienen que hacer es mirarse con autocrítica al espejo… y, de reojo, a los 6 ministros de la Corte que aprobaron la consulta y redactaron la pregunta final.

Ante este ejercicio que debimos ahorrarnos como país y que seguramente pasará a la historia con más pena que gloria hay que destacar el estupendo desempeño institucional del INE. A pesar de todas las adversidades políticas y presupuestarias que enfrentó para la realización de la consulta popular se pudo instalar 57,077 mesas receptoras de opinión (equivalentes al 99.9% del objetivo propuesto). Como lo señala Luz María Cruz Parcero “en términos organizativos la maquinaria del INE demostró de manera contundente su gran capacidad para garantizar procesos bien planeados, transparentes y apegados a la ley”.

Entre las muchas interrogantes que deja este primer ejercicio de consulta popular quedan algunos temas pendientes que ameritan una reflexión profunda.

En primer lugar, que de aquí en adelante las consultas populares se utilicen precisamente para consultar temas de trascendencia nacional y no caprichos personales o sectarios. Ciertamente, no hay que caer en ingenuidades: dado que los ciudadanos enfrentan complicaciones para organizarse y juntar un número importante de firmas para detonar una consulta, son algunos actores políticos —específicamente el presidente y los legisladores federales— quienes tienen más fácilmente a su alcance el materializar un ejercicio y, por lo tanto, es evidente que ello se presta a sesgos partidistas. Hasta ahí es razonable… pero el despropósito de lo que terminó sometiéndose al electorado el domingo pasado es a todas luces injustificado.

También sería importante replantear la fecha de celebración de las consultas populares. Lo ideal sería que la legislatura que está por iniciar funciones corrija el absurdo de separar con solo unas semanas de distancia la jornada electoral federal de la celebración de consultas, para volver a empatarlas o, en su defecto, que la distancia temporal entre ellas fuera de un periodo de muchos meses.

Por último, y para efectos específicos sobre la consulta que ya pasó, habrá que poner la lupa en las averiguaciones que se vayan dando sobre el financiamiento de la campaña por el “sí”. Más allá de los debates en redes sociales, lo que resultó muy interesante fue el notorio despliegue de lonas, espectaculares y materiales en la vía pública. No vaya a resultar que algún partido haya destinado, violando la ley, su financiamiento para estas actividades.

Dado el extraordinariamente raquítico nivel de participación registrado en la consulta popular del domingo pasado, sumado a los resultados electorales del 6 de junio, será interesante ver si los promotores del ejercicio de revocación de mandato, programado para marzo de 2021, siguen teniendo el mismo entusiasmo en que efectivamente se realice. La iniciativa legislativa que empieza a discutirse en el Congreso pareciera convalidar ese ánimo.

hvives@itam.mx / @HVivesSegl