Apoyo la propuesta de implementar una estrategia que permita considerar la posibilidad de que el 100% de quienes se encuentran en prisión preventiva puedan ejercer el sufragio, brindándoles las herramientas necesarias para hacerlo sin exponer a electores o Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, por lo que la vía electrónica es una buena opción.

Es un artículo muy interesante, aunque contiene muchas faltas de ortografía y redacción. Sería conveniente saber la razón por la cual solo participaron 949 personas y se eligieron solo cinco ceferesos y por qué no se seleccionaron cárceles locales, no sé si sea por omisiones, falta de capacidad del INE para seleccionar a las personas, quién sabe. Ojalá y para el 2024 haya más claridad al respecto y se elija a la totalidad de la población que tiene prisión preventiva y podría votar.

Es importante considerar que en un estado de de derecho, la presunción de inocencia en alguien que aún no ha sido sentenciado por el delito por el que se le acusa, debiera traer como consecuencia la preservación de sus derechos, aunque en la realidad no sucede así cuando hablamos de la prisión preventiva. Aún así el INE está en posibilidades de garantizar el derecho político electoral de votar para elegir a sus gobernantes y ha sido importante que se hayan dado los primeros pasos para llevarlo a cabo.

Sin duda, la prueba piloto realizada en el pasado proceso electoral 2021 de las personas que se encuentran en prisión preventiva, implicó un avance más respecto a los procesos que implementa el INE para garantizar los derechos político electorales de quienes, estando en prisión preventiva, existe aún la presunción de inocencia, y por ende, implica que aún gozan de sus derechos para elegir a sus representantes. Sin embargo, esta prueba piloto, también permitió visibilizar una serie de retos operativos con los que se encontró el INE para implementar este ejercicio. Desde la coordinación entre Direcciones Ejecutivas para instruir oportunamente la serie de actividades a realizar de un procedimiento totalmente novedoso, hasta Juntas Locales e incluso Distritales quienes se encontraban con importantes cargas de trabajo y personal limitado para ello, así como autoridades de los centros penitenciarios, para la ejecución de las actividades; desde el contar con información precisa y actualizada del número de personas en prisión preventiva, la difusión de la actividad, el interés de estas personas para participar en el ejercicio, la inscripción individual a la lista nominal de electores en prisión preventiva, así como las arduas cargas del trabajo ordinario del proceso electoral en sí. Es imprescindible llevar a cabo un análisis minucioso de los resultados de la prueba piloto con miras a su implementación formal para el próximo proceso electoral, donde uno de los principales retos para el Instituto, sin duda, será nuevamente, el tema presupuestal, así como el contar con el personal suficiente para las cargas operativas que se sumarían en la implementación de este nuevo ejercicio.

Me parece que el tema de la prisión preventiva en México, plantea diversos retos que desde luego deben ser analizados por especialistas en la materia; sin embargo, en cuanto al tema de la primera etapa de prueba de voto de las personas en prisión preventiva, que permita crear el modelo del voto que se adoptará para el PEF 2024, si bien generó mas incógnitas su aplicación, es un paso perfectible, como otros que a dado el Instituto en la búsqueda de mejorar la participación ciudadana y el acceso sin restricciones al voto; muestra de ello son proyectos como la urna electrónica y el voto electrónico.

Es un tema de gran trascendencia para el INE en este asunto, considero que el informe que se espera que el INE rinda es clave, pues el programa piloto de la participación de las 949 personas participantes en 2021, será muy interesante conocer mas datos, definitivamente esto marcará la pauta para el escenario de la elección del 2024 en relación con el derecho a votar de las personas en prisión preventiva.

Considero que por ser un ejercicio piloto para establecer uno definitivo, considero que fue adecuado, salvo que devieron haberse seleccionado tambien personas presas en el ambito del fuero común, a efecto de observar el comportamiento de éstas en su participación, si es extraño la poca participación, quizá no tuvieron la libertad de hacerlo o por sus multiples actividades no pudieron votar.

Será necesario conocer el informe final para que la autoridad electoral mejore el ejercicio para el 2024.

Uno de los principios de los derechos humanos es la progresividad, lo que significa que los derechos humanos siempre deben ganar terreno en cantidad y en calidad, y nunca debe haber retroceso. En otras palabras, con el paso del tiempo los derechos humanos deben disfrutarse con las condiciones más óptimas y en mayor número. El voto de las personas en situación de prisión preventiva es un ejemplo claro de la aplicación de este principio de progresividad para el óptimo disfrute de los derechos que tenemos las personas por el simple hecho de serlo. Aunado al hecho de que las personas en prisión preventiva aun no tienen una sentencia en su contra y que las ampara el principio penal de presunción de inocencia; creo que la implementación de esta prueba piloto es de gran relevancia pues el número de personas a quienes beneficiaria es considerable y su impacto a la democracia tendría un efecto positivo al considerar la participación de este grupo minoritario. Sin embargo, el INE y los OPLE tienen enfrente un reto muy grande ya que se deben idear las mejores condiciones para garantizar el derecho al voto de las personas en prisión preventiva.

Con base en la narración reflexiona sobre las siguientes preguntas:

- Enuncia los derechos político-electorales que no se garantizaron por parte del Instituto Nacional Electoral y explica las razones.

Votar y ser votado considerando que la sentencia del Tribunal refirió que las personas con prisión preventiva tomando en cuenta que solo se aplicó a un pequeño segmento de la población que está en ese supuesto, pero considero que más que el INE no haya garantizado los derechos político electorales es responsabilidad del estado mexicano en su conjunto, lo primero que hace un Juez al dictar la prisión preventiva es suspender los derechos político electorales de la persona sujeta a dicha pena, el INE cumplió con lo que le mandó el Tribunal con la realización de la prueba piloto, en el campo de sus atribuciones tal vez lo que podríamos analizar es la efectividad con la que se garantizó que las personas de los centros carcelarios elegidos pudieran ejercer plenamente el derecho a votar, aunque también es de analizar que tanto pudo pesar el abstencionismo en dicho segmento de la población.

- De la lectura del caso, consideras que, ¿es un derecho humano la presunción de inocencia?

Totalmente, toda persona debe tenerse por inocente hasta que exista una sentencia firme de autoridad competente en la que se le considere responsable de la comisión de un delito, la prisión preventiva en México pareciera contravenir dicho derecho humano toda vez que es muy recurrida en nuestro país, pero ese es tema de un debate más profundo y que no atañe directamente a la función electoral, lo que si corresponde al INE y a los OPLE es articular las políticas públicas que permitan generar las condiciones para que la población de las cárceles del fuero federal y común puedan ejercer su derecho a votar y tal vez incluso a ser votado.

- Desde tu perspectiva como persona miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional, ¿Cuáles son los principales retos institucionales para el siguiente proceso electoral?

Primordialmente es una tarea en la que debe actuar el estado mexicano en su conjunto, los retos son demasiados, la prueba piloto se realizó en centros penitenciarios federales donde las condiciones de seguridad son muy superiores a ceresos locales, el estado mexicano debe garantizar que se pueda realizar dicho ejercicio con seguridad, toda vez que eso expone al personal de INE y en su caso OPLE que hagan los trabajos para lograr dicho fin, así también a la población de los centros penitenciarios, considero también un reto la parte presupuestal, el dotar de los elementos de información a la población carcelaria para que pueda ejercer su derecho a votar de manera libre e informada.

El tema de si los derechos de las personas en condición de cárcel por no tener aún un sentencia, es de importancia por el hecho de que se velen y otorguen los derechos a todos los individuos en esa calidad. Pero también es fundamental no perder de vista que el otorgamiento de un derecho conlleva la instalación de los elementos indispensables para el ejercicio de ese derecho por los ciudadanos. en ese entender, también es importante ver que la instalación de la casilla en un lugar de esa naturaleza, puede no ser tan fácil por el hecho de que ciudadanos sorteados (libres) tengan que acudir a ese lugar y no acepten hacerlo por tales razones, por ello, no hay que perder de vista que un derecho tiene sus aristas, y una de ellas, es quien instalará la casilla.