El voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva a despertado muchas dudas, en primer lugar tenemos la discusión entre partes de estar a favor o no de que todas y cada una de estas personas puedan emitir su voto, argumentando que el hecho de encontrarse en esa situación, vulnera sus derechos humanos por no tener certeza de los cargos que presuntamente se le imputan. Sin embargo, con la resolución a esta controversia, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala que las personas sujetas a prisión preventiva tienen derecho a ejercer el voto activo, al estar amparadas por el principio de presunción de inocencia. Para esto, la puesta en marcha del programa piloto se ejecuta con la finalidad de poder recabar información que sirva al Instituto Nacional electoral para generar las condiciones en las que se desarrollara la participación de las personas en prisión preventiva en las próximas elecciones.

En segundo lugar, se encuentra la duda de encontrarse en juego con los derechos humanos, al decidir la forma en la que se haría la participación de estas personas, porque se encuentra en cuestionamiento si solo votarían por la elección presidencial o por alguna otra y no en todas como lo hace cualquier ciudadano o ciudadana.

Por último, se tiene la información recabada de la puesta en practica del programa piloto, lo que deja a pendiente el extraordinario análisis que deberá hacerse y encontrar la metodología de aplicación que brinde las oportunidades para aquellas personas en situación preventiva.

En definitiva, la decisión del INE ante el modelo que se diseñe para que aquellas personas puedan emitir su voto, deberá cuidar que se protejan sus derechos político electorales y humanos, que si bien no será una tarea fácil, deberá dar cumplimiento a estos derechos.

creo que es positivi el otorgar las facilidades para el voto de los ciudadanos que se encuentran en prisión preventiva, respetando sus derechos humanos, siempre y cuando su seguridad esté a salvo pues es sabido que en los reclusorios hay grupos de poder que pudieran ejercer presión sobre ellos. Habría que considerar varios factores de riesgo y factores positivos para su aplicación en el futuro por parte del INE.

No es menor el hecho de garantizar el derecho al voto de las personas en prisión preventiva, y si bien la prueba fue con una muestra mínima de centros penitenciarios, y todos del ámbito federal, la realidad es que en el corto plazo la demanda ciudadana obligará al instituto a instrumentar los mecanismos que permitan el ejercicio del voto en la mayoría de los centros de reclusión existentes en el país.
En el proceso pasado, la cantidad de personas que participaron se puede considerar menor, sin embargo, permite plantear diversas problemáticas adicionales a las dudas expresadas en el documento. Desconozco si la votación se dio mediante voto electrónico, pero cualquiera que sea el mecanismo de votación, será imperante saber. ¿Quiénes recibieron y contaron los votos? ¿Como se dio la difusión entre la ciudadanía susceptible de ejercer este derecho para su oportuno ejercicio? ¿Como conocieron las plataformas y propuestas de campaña?
Otro tema que amerita un análisis previo a su implementación en 2024, es que tanto incide entre la ciudadanía que ejerce su derecho al voto desde prisión, el resto de la población reclusa, ¿Hay inconformidades o incluso agresiones verbales o físicas?, ¿Las autoridades de los centros de reclusión reportaron o informaron alguna situación en este sentido’.
El ámbito de la participación deberá ser profundamente revisado. Al ser año de elección presidencial, sin duda será indispensable ampliar el espectro de participación, por lo que será prudente revisar el alcance hacia las elecciones locales que estén en juego ese mismo año.

Sin duda este avance en la protección del ejercicio de los derechos político electorales, es un parte aguas, para que la sociedad, no sólo las autoridades u organismos electorales volteen a ver la población interesada en la toma de decisiones públicas a partir de nuestros representantes de los poderes públicos. Me parece que la ciudadanía a cambiado su forma de pensar y en los últimos años se ha interesado a formar parte en estos procesos electivos, ya fuera en su momento el reconocimiento de este derecho a votar a las personas residentes en el extranjero, ahora se presenta un grupo más que exige que sus derechos electorales sean respetados, máxime que no tienen una sentencia dada por un órgano judicial. En tal sentido, considero que el hecho de garantizar su derecho a más de 92,000 personas que se encuentran en este supuesto de prisión preventiva no es fácil, y mucho menos teniendo en cuenta que es introducirse en un sistema determinado, no sólo son anuencias para instalar casillas, ni documentos o formatos para solicitar el derecho a votar, sino conocer, gestionar, y planear acciones, dentro de un sistema penitenciario, para que se puedan obtener el sufragio de esas personas. Así mismo, y como el mismo tema establece la gran cantidad de dudas que surgen, analizo la amplía posibilidad, que pudiera existir, en referencia al reconocimiento no solo de la emisión del voto, sino a ser votado como un representante político, pues si bien se dice, recae sobre ellos el principio de inocencia, podría en su momento no existir prohibición alguna para ello, exaltando así el principio imparcialidad, no discriminación y objetividad en los procesos electorales.

Sin duda alguna, la publicación que hoy se analiza, es un referente muy importante para nuestro país, ya que pone énfasis en la protección del derecho de la ciudadanía a votar, en circunstancias suigéneris que no se habían tomado en cuenta, ni por las autoridades que imparten justicia, ni por aquellas encargadas de asegurar que este derecho se ejerza cabalmente. Sin embargo, me parece que la conciencia de la ciudadanía, por hacer valer sus derechos político electorales, que se encuadran dentro de los derechos humanos, ha dado pie a que estos temas se coloquen en el tintero y en la agenda de las instancias responsables de velar por la protección de estos. Si bien es cierto que este primer ejercicio piloto que se puso en práctica durante el proceso electoral federal 2020-2021 y que pretende asegurar en nuestro país la participación de miles de ciudadanas y ciudadanos mexicanos en condición de prisión preventiva para la elección del año 2024, aún está en una etapa muy incipiente, también lo es que ya se ha dado el primer paso para hacer posible la participación de este sector poco visibilizado y atendido.

Habrá que esperar el resultado que arroje la aplicación de los lineamientos que el INE apruebe para enfrentar este reto, y a partir de ahí perfeccionar los modelos que se implementen en los próximos procesos electorales. Me parece que, hasta que el Estado mexicano no modifique esas prácticas dilatorias en la impartición de justicia, las instituciones encargadas de asegurar la protección de los derechos de la ciudadanía, en todas sus vertientes, tendrán que buscar y asegurar los mecanismos para no violentar los derechos de esta, y prueba de ello es este ejercicio que se implementará para el proceso electoral federal que culminará en el año 2024.

Cualquier ciudadano que este llevando un proceso judicial y que no este sentenciado no debe perder sus derechos político electorales, como dice el análisis al estar amparadas por el principio de presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, en estas circunstancias el instituto esta obligado a preservar su derecho a votar y se votado. colocando una casilla al alcance de estas personas.

Respecto de análisis del contenido de la prueba piloto efectuada por el INE en PE 2021, de la población total de 2,185 personas en prisión preventiva que tuvo posibilidad de ejercer su voto, solo 949 lo hicieron, lo que representó el 43.43 %, respecto del total de población en prisión preventiva si n una sentencia. Considero que esta prueba piloto, deja enseñanzas, pero mejor aún permite garantizar los derechos político electorales de las personas que no cuentan con una sentencia definitiva. Por ello, se considera la relevancia de la interpretación garantista de los derechos humanos al reconocer como derecho de toda persona inculpada de algún delito, a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Como se menciona el análisis de la prueba piloto, se espera que el INE recupere la experiencia y se pueda consensar la posibilidad de abrir este derecho humano a las personas que jurídicamente aún se deben presumir inocentes, independientemente si el delitos cometido es del fuero común o federal, revisando y puesta en marcha de todos los protocolos requeridos e incluso proponer que el voto sea electrónico con la finalidad de garantizar la inmediatez de los resultados, ya que los centros penitenciarios se encuentran con máxima conectividad digital y de esta forma se minimizan riesgos en los centros penitenciarios

En mi opinión, la prueba piloto en 2021 fue un gran avance, pero es evidente por los resultados obtenidos que falta mucho por hacer. Entre las razones de la falta de participación en el ejercicio del voto de las personas en prisión preventiva, fue principalmente la apatía, ya que ese fenómeno se presenta en todo el país, con ciudadanía en libertad, con acceso a los medios de comunicación y no participan. El reto mas grande como institución es, dotar a la ciudadanía de información respecto del poder del voto, la importancia que tiene la participación en todos los procesos electivos, combatir la desinformación, y la construcción de una ciudadanía mas informada.

Apoyo la propuesta de implementar una estrategia que permita considerar la posibilidad de que el 100% de quienes se encuentran en prisión preventiva puedan ejercer el sufragio, brindándoles las herramientas necesarias para hacerlo sin exponer a electores o Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, por lo que la vía electrónica es una buena opción.

Es un artículo muy interesante, aunque contiene muchas faltas de ortografía y redacción. Sería conveniente saber la razón por la cual solo participaron 949 personas y se eligieron solo cinco ceferesos y por qué no se seleccionaron cárceles locales, no sé si sea por omisiones, falta de capacidad del INE para seleccionar a las personas, quién sabe. Ojalá y para el 2024 haya más claridad al respecto y se elija a la totalidad de la población que tiene prisión preventiva y podría votar.